Citación de testigos de la defensa corresponde a Fiscal y Actuario






N° 6.404 Fecha: 27-I-2014

Se ha dirigido a esta Contraloría General don Cristián Mellado Rodríguez, fiscal de un proceso disciplinario instruido en el Ministerio de Obras Públicas, para solicitar un pronunciamiento que determine a quien le corresponde citar a los testigos ofrecidos por el inculpado, ya que en la resolución que concedió el término probatorio, se determinó que este último debía llevar a cabo dicho trámite. 

Asimismo, consulta si procede el recurso de reposición en el marco de un sumario, considerando que el indicado acto administrativo fue impugnado por esa vía. 

En relación con la materia, cabe hacer presente, que según lo ordenado en el artículo 129 de la ley N° 18.834, el fiscal es quien está a cargo del respectivo proceso, por lo que a él corresponde disponer las diligencias como la de que se trata, siendo improcedente que la misma sea realizada por alguno de los involucrados, toda vez que, además, ello constituiría una carga procesal que no se encuentra establecida en el aludido Estatuto Administrativo. 

En este contexto, es necesario señalar que, tal como se dispone en el dictamen No 38.201, de 2012, de este origen, es deber del fiscal de un procedimiento sumarial practicar la investigación de los hechos en cuestión, teniendo las más amplias facultades para ello, según lo ordenado en el artículo 135 de la ley N° 18.834, correspondiéndole a éste, en consecuencia, citar a los testigos que ofrezca el inculpado.

Ahora bien, es pertinente agregar que una vez efectuada esa comunicación, la comparecencia de los deponentes le concierne a quien solicitó su presencia.

Por consiguiente, la resolución que concedió el término probatorio, al imponerle al sumariado una carga procesal no contemplada en la normativa que regula la materia, cual es citar a los testigos que ofreció, dejó a este último en estado de indefensión, verificándose en la especie uno de los requisitos que facultan la interposición del referido medio de impugnación. 

En efecto, en cuanto a la procedencia del mencionado recurso, es del caso puntualizar que la ley N° 18.834, en materia de responsabilidad administrativa, sólo contempla ese medio de impugnación en contra de la resolución que dispone la aplicación de una medida disciplinaria, conforme a lo preceptuado en el artículo 141 de ese mismo texto legal.

Sin embargo y según lo prescribe el artículo 1° de la ley N° 19.880, y en armonía con lo establecido en el dictamen No 65.120, de 2010, de este origen, ese cuerpo legal se aplica supletoriamente a los procedimientos administrativos especiales contenidos en leyes, en aquellas materias en las cuales no se ha previsto regulación específica, como sucede en relación al tema consultado, en el Estatuto Administrativo. 

En ese sentido, el artículo 15 de la ley N° 19.880 dispone que todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante el recurso de reposición regulado en esta ley, norma que se aplica también a los actos de mero trámite cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o provocar indefensión.

Establecido lo anterior, es posible afirmar que el recurso de reposición regulado por la ley N° 19.880, procede en contra del acto administrativo en comento, siendo dable agregar que, de sostenerse un criterio distinto, se estaría afectando el derecho a defensa de los involucrados en un proceso sumarial. 

Finalmente, y sin perjuicio de lo ya expresado, es menester hacer presente que de acuerdo con las instrucciones impartidas por esta Contraloría General mediante el oficio N° 24.841, de 1974, toda consulta que se le formule debe emanar del jefe superior del servicio, acompañada del respectivo informe jurídico, lo que en la especie no ocurre, dado que éste no se adjuntó, y por cuanto quien solicita la gestión no reúne la calidad exigida. 

Saluda atentamente a Ud.


Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República