Donaciones para hospitales autogestionados



N° 30.441 Fecha: 22-IV-2016

El Hospital de Niños Roberto del Río consulta si infringe el principio de probidad la eventual aceptación de una donación de la empresa Promedon Chile S.A., consistente en un cupo a disposición de ese centro de salud para una actividad de educación médica a realizarse en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, que incluye los costos de pasaje y estadía para el profesional que se designe, y que avalúa en US$3.600 dólares de ese país.

Agrega dicho establecimiento que la participación en esa actividad va en pos del conocimiento y perfeccionamiento profesional, que no constituye beneficio o incentivo adicional para el hospital, ni importa la obligación de adquisición de los insumos que comercializa la empresa donante. 

Sobre la materia, el artículo 4° de la ley N° 19.896, otorga a los órganos y servicios públicos incluidos en la ley de presupuestos la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan, previa autorización del Ministerio de Hacienda.

Añade esa norma que si dichas donaciones no exceden en su valor o monto al equivalente en moneda nacional de 250 unidades tributarias mensuales al momento del ofrecimiento, no se requerirá la anotada autorización.

Por su parte, el artículo 42, letra f), del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, indica que los establecimientos autogestionados -como el de la especie-, para el desarrollo de sus funciones contarán, entre otros recursos, con las donaciones que se les hagan, las que están exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten, y no requerirán del trámite de insinuación.

De lo expuesto se sigue que dentro de las atribuciones del Hospital de Niños Roberto del Río se encuentra la de recibir donaciones como la consultada, la que, atendido lo informado, no requeriría del trámite de insinuación ni la autorización del Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, y en un segundo orden de consideraciones, cabe hacer presente que el artículo 46, inciso primero, de la ley N° 19.664 dispone que los Servicios de Salud podrán otorgar comisiones a sus profesionales funcionarios para concurrir a congresos, seminarios, conferencias u otras actividades de similar naturaleza, carácter que reviste el curso de la especie.

Además, conforme a lo previsto en el artículo 47 de la recién citada ley, los directores de los servicios podrán conceder comisiones al extranjero para que los profesionales funcionarios concurran a las actividades previamente anotadas cumpliendo los requisitos que indica, entre los que cabe destacar que aquellas contribuyan al perfeccionamiento profesional de los solicitantes y que no signifiquen un gasto adicional a la mantención de las remuneraciones de que gozan en sus cargos.

Por ello, el médico que sea elegido para concurrir a la actividad por la que se consulta deberá ser designado en esa calidad.

En tercer término, y en lo relativo a la consulta acerca de una posible infracción a los deberes de probidad, es necesario recordar que el artículo 8° de la Constitución Política señala que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento del principio de probidad en todas sus actuaciones.

Enseguida, el artículo 52, inciso primero, de la ley N° 18.575, indica que las autoridades de la Administración del Estado y sus funcionarios deben dar estricto cumplimiento al apuntado principio. Su inciso segundo precisa que tal directriz consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. 
Luego, su artículo 62 consigna las conductas que contravienen especialmente el principio de probidad. Su N° 5 señala entre aquellas “Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza”.

A continuación su N° 6, inciso segundo, previene que también contraviene especialmente el principio de probidad participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Por su parte, el artículo 11 de la ley N° 19.880 consagra el principio de imparcialidad, señalando que la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.

De la preceptiva antes reseñada se colige que la prohibición de aceptar donativos está dirigida a los funcionarios de la Administración, sin afectar la potestad de que gozan las instituciones públicas para recibir donaciones, ya que ambas normas tiene un ámbito de acción diferente y pueden coexistir sin afectar la finalidad de la otra.

En este contexto, se debe manifestar que corresponde que el hospital pondere primeramente si la actividad objeto del ofrecimiento de la empresa se relaciona con las funciones del establecimiento y resulta necesaria o conveniente al mejor desarrollo de sus tareas.

En el evento que cumpla con esas dos condiciones, deberá velar porque la selección del profesional que deba asistir a la conferencia sea objetiva y obedezca a criterios técnicos, no pudiendo beneficiar al personal que participe en los procesos de contratación de servicios y adquisición de bienes, para asegurar la imparcialidad en el ejercicio de las funciones de estos.

En todo caso, quien resulte seleccionado debe también abstenerse de participar en procesos de adquisición de esa clase de bienes y servicios, sin perjuicio de la posibilidad de que sea requerido por el hospital para manifestar su parecer acerca de las técnicas, equipamiento y productos de los cuales tomó conocimiento en la actividad de que se trate.

Del mismo modo, el director del establecimiento deberá velar para que este tipo de donaciones sean aceptadas de forma excepcional, y ponderar su conveniencia, especialmente cuando provengan de personas o empresas que se dedican a prestar servicios o vender productos que comúnmente sean adquiridos por esa clase de organismos, a fin de evitar que ello se transforme en una práctica que afecte la objetividad con que esos centros de salud deban decidir sus contrataciones.

Finalmente, cabe considerar que, en el evento que la persona designada sea un sujeto pasivo del artículo 3° de la ley N° 20.730 -que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios-, el pertinente viaje deberá ser consignado en el registro de agenda pública establecido en su artículo 7°, N° 1, en los términos del artículo 8°, N° 2, de ese cuerpo legal.

En los términos previamente anotados, es procedente aceptar la donación de la especie.

Saluda atentamente a Ud.,


Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República