Invalidación de adjudicación debe ser previa a la firma de contrato


DICTAMENES RELACIONADOS

aplica dictámenes 82062/2013, 2420/2014, 82692/2013
Acción_

FUENTES LEGALES

dto 250/2004 Hacie art/41, dto 250/2004 Hacie art/63,
ley 19880 art/53, ley 10336 art/6 inc/3

MATERIA

No se ajustó a derecho que Sernapesca invalidara una resolución de adjudicación si la respectiva orden de compra ya había sido emitida y aceptada por el proveedor.

DOCUMENTO COMPLETO





N° 101.586 Fecha: 30-XII-2014
Se ha dirigido a esta Contraloría General don Héctor Alfonso Araneda Guzmán, reclamando en contra de la actuación del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, SERNAPESCA, que tras adjudicarle una licitación pública para la contratación del servicio de impresión digital full e instalación de adhesivos para 10 camionetas, y emitirle la correspondiente orden de compra, invalidó la resolución de adjudicación, procediendo a readjudicar el concurso a otro oferente, lo que en su parecer no se ajustó a derecho y que, además, le generó perjuicios económicos pues ya había realizado gastos relacionados con la ejecución del contrato.
Requerido su informe, SERNAPESCA señala que efectivamente, tras haber adjudicado la licitación y emitido la respectiva orden de compra, que fue aceptada por el adjudicatario, recibió la reclamación de otro oferente, cuya propuesta había sido declarada inadmisible por error. Atendido que el puntaje que este hubiera obtenido era superior al del adjudicado, inició un proceso de invalidación, comunicándole dicha situación al interesado. Ello culminó con la invalidación de la resolución adjudicatoria, retrotrayéndose el estado del concurso a la etapa de evaluación de las ofertas y resultando adjudicada otra empresa. Así, emitió una nueva orden de compra, prestándose correctamente el servicio por este tercero, al que ya se le pagó el precio.
Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 41 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, dispone que la entidad licitante aceptará la propuesta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes, lo que se realizará mediante acto administrativo debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes.
A su vez, el artículo 63 establece que los contratos menores a 100 UTM se formalizarán mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor.
De lo anterior, se desprende que los servicios públicos deben adjudicar sus licitaciones a quien haya presentado la oferta más ventajosa, mediante un acto administrativo que debe notificarse a todos los participantes de la propuesta. Además, en el caso de aquellas contrataciones inferiores a 100 UTM la formalización del acuerdo de voluntades se realizará mediante la emisión de la orden de compra y su respectiva aceptación.
Pues bien, en la especie aparece que mediante resolución exenta N° 106, de 22 de enero de 2014, SERNAPESCA adjudicó la referida licitación pública al reclamante, emitiendo la orden de compra N° 701-181-SE14 el 23 de enero de ese año, aceptada por él ese mismo día.
Por lo tanto, esta contratación, al ser inferior a 100 UTM y de acuerdo al citado artículo 63, se entiende perfeccionada con la emisión y aceptación de la orden de compra, momento a partir del cual nacen derechos y obligaciones para las partes.
Luego, la jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 82.062, de 2013 y 2.420, de 2014, ha manifestado que conforme al artículo 53 de la ley N° 19.880, la autoridad podrá invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, potestad que sin embargo tiene como límite aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza de los particulares en la actuación legítima de los órganos de la Administración, de manera tal que las consecuencias de una medida de esta naturaleza no pueden afectar a terceros que adquirieron derechos de buena fe al amparo del acto impugnado, como ocurrió en este caso respecto del señor Araneda Guzmán.
Por lo tanto, cabe concluir que la medida adoptada por SERNAPESCA, de invalidar una adjudicación encontrándose perfeccionado el contrato respectivo, no se ajustó a derecho.
No obstante, de los antecedentes aparece que la Administración readjudicó a otro proponente la licitación y que dicha contratación está completamente ejecutada, por lo que, pese a la infracción señalada, debe aplicarse el mismo razonamiento respecto de este tercero de buena fe, siendo improcedente afectar situaciones jurídicas consolidadas con una nueva invalidación.
En virtud de lo expuesto, SERNAPESCA deberá iniciar un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos que se analizan, además de adoptar, en lo sucesivo, las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de situaciones como las descritas, dando cuenta de ello a este Ente Fiscalizador.
Finalmente, en lo relativo a las sumas que el peticionario habría desembolsado y al perjuicio ocasionado, procede aclarar que la responsabilidad por daños, que necesariamente conduce a fijar una eventual indemnización de perjuicios, configura una materia de naturaleza litigiosa, respecto de la cual esta Contraloría General debe abstenerse, pues conforme al artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, esta no puede intervenir ni informar los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, como sucede en la situación planteada, por lo que cualquier requerimiento en tal sentido debe formularse ante los Tribunales de Justicia (aplica criterio contenido en el dictamen N° 82.692, de 2013).
Transcríbase a SERNAPESCA y a la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.,


Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República