Invalidacón diversos dictámenes


Jurisprudencia sobre invalidación.
Necesidad de audiencia previa.-
DICTAMENES RELACIONADOS
Descripción: https://www.contraloria.cl/icons/ecblank.gifAplica dictamen 54853/2011 Aplica dictamen 79656/2013 Aplica dictamen 9692/2014 Aplica dictamen 77142/2014 Aplica dictamen 70794/2015 Aplica dictamen 36470/2016 Aplica dictamen 99651/2015 
Acción_
Dictamen
Año
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Aplica
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54853
79656
9692
77142
70794
36470
99651
2011
2013
2014
2014
2015
2016
2015
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FUENTES LEGALES
ley 19880 art/53 inc/1
MATERIA
Descripción: https://www.contraloria.cl/icons/ecblank.gifEl procedimiento que indica seguido por el SAG se ajustó a derecho. Se remiten los antecedentes aportados por el requirente a la División de Auditoría Administrativa para los fines pertinentes.
DOCUMENTO COMPLETO
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N° 84.682 Fecha: 23-XI-2016
Se ha dirigido nuevamente a esta Contraloría General don Ulises Bertoglio Cruzat, formulando diversas observaciones en relación con el proceso administrativo causa rol N° 60-2002 X R, sustanciado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que determinó que el recurrente no cumplió con el plan de manejo presentado en el marco del Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados que regula el decreto con fuerza de ley N° 235, de 1999, del Ministerio de Agricultura.
Al respecto cabe consignar que este Órgano de Control se ha pronunciado sobre el particular mediante los dictámenes N°s. 54.853, de 2011; 79.656, de 2013; 9.692 y 77.142, ambos de 2014, 70.794, de 2015 y 36.470, de 2016, concluyéndose en todos ellos que dicho procedimiento se ajustó a derecho, al habérsele procurado al ocurrente todas las instancias legales para formular sus descargos, los cuales fueron considerados y atendidos.
En esta oportunidad, el solicitante alega que la referida conclusión es errónea, pues en la substanciación del citado procedimiento no se dio cumplimiento al artículo 53 de la ley N° 19.880, ya que se le negó la audiencia previa contemplada en dicha norma, respecto de la resolución exenta de invalidación N° 1.597, de 2008.
Asimismo indica que, los dictámenes ya enunciados han omitido pronunciarse respecto del informe evacuado por el señor Omar Nail Ruiz a requerimiento de esta Contraloría General, en el que manifiesta que no conoce ni ha estado en el predio que dio origen a la causa rol N° 60-2002 X R, lo que a su juicio implica que en su calidad de ministro de fe de dicho proceso sancionatorio nada comprobó, y por lo tanto, acarrea la nulidad del mismo.
Por último, agrega que en el citado dictamen N° 77.142, de 2014, se estimó pertinente remitir copia de los antecedentes que adjuntó el peticionario a la División de Auditoría Administrativa, para los fines que fueran procedentes, no obstante hasta la fecha desconoce el resultado de la revisión de tales documentos. Añade que, dicha división no ha tenido a la vista sus presentaciones posteriores, de 2 de diciembre de 2014, 22 de diciembre de 2015 y 11 de marzo de 2016, las cuales acompaña en esta oportunidad a fin de que sean enviadas para complementar las anteriores.
Ahora bien, en cuanto al primer punto esgrimido por el interesado, cabe señalar que el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 19.880, preceptúa que “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto”.
En este sentido, es menester recordar que la aludida resolución exenta N° 1.597, de 2008, del SAG, que dejó sin efecto la multa fijada con anterioridad al interesado, fue un acto motivado por el mismo mediante una presentación interpuesta ante ese organismo, a través de la cual pudo formular todos sus descargos y acompañar los antecedentes que estimó apropiados al efecto.
En este contexto, la referida audiencia previa a la que alude el citado artículo 53 resulta necesaria en los casos en que la Administración de oficio, o a solicitud de un interesado distinto del destinatario final, decide invalidar alguno de sus actos, toda vez que debe conocer la opinión que al respecto tienen las personas a quienes les podría afectar tal determinación, lo que no se dio en este caso, ya que fue el propio señor Bertoglio el que motivó dicha medida.
Por su parte, en cuanto al informe evacuado por el señor Omar Nail Ruiz, cabe recordar que corresponde a la Administración activa dentro del ámbito de sus atribuciones determinar el cumplimiento del plan de manejo de que se trata, lo que en este caso se realizó teniendo a la vista una serie de documentos y pruebas, las que fueron valoradas por el SAG, sin que la declaración del aludido ministro de fe resultara ser el único medio para llegar a dicha conclusión.
En atención a tales consideraciones, esta Contraloría General reafirma lo señalado en los anotados dictámenes que se han pronunciado sobre el procedimiento seguido por el SAG en contra del recurrente, en cuanto a que no se advierte alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia ni se observa una decisión arbitraria.
Finalmente, respecto de los antecedentes nuevos a que alude el recurrente, estos serán enviados a la División de Auditoría Administrativa para los fines que sean procedentes. No obstante es menester añadir que de conformidad con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 99.651, de 2015, de este origen, este Ente Contralor normalmente ejerce sus tareas de auditoría conforme a planes y programas previamente elaborados, que abarcan las materias más relevantes en un estricto orden de prioridades, correspondiéndole a dicha división ponderar si los antecedentes con los que cuenta justifican el desarrollo de una labor de control externo ajena a su programación.
Transcríbase al Servicio Agrícola y Ganadero.
Saluda atentamente a Ud.,
Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República 



N° 36.496 Fecha: 12-X-2017



Mediante el dictamen N° 28.251, de 2016 -confirmado por el oficio N° 74.562, del mismo año-, esta Contraloría General concluyó, en lo esencial, que no se ajustó a derecho lo obrado por el Servicio de Salud Metropolitano Occidente en su resolución exenta N° 353, de 2015 -a través de la cual dejó sin efecto la adjudicación de la licitaciónpública del contrato denominado “Obras Preliminares para el Proyecto de Normalización del Hospital de Melipilla”-, de modo que debía iniciar un procedimiento de invalidación de dicho acto administrativo e instruir un proceso disciplinario tendiente a determinar las responsabilidades administrativas derivadas de tales circunstancias.

Posteriormente, y con motivo de lo informado por esa repartición, en el sentido de que había invalidado la citada resolución exenta, pero que no celebraría el contrato adjudicado dado que no era conveniente a sus intereses, la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago manifestó, por medio de su oficio N° 6.662, de 2017, entre otros aspectos, que aquel servicio de salud debía formalizar dicha decisión, “lo que, naturalmente, lleva aparejada la necesidad de dictar un acto administrativo de término que ponga fin al proceso licitatorio de la especie -con algún modo previsto al efecto en el ordenamiento aplicable-, de manera de observar los principios que rigen los procedimientos administrativos, especialmente el conclusivo, contemplado en los artículos 4° y 8° de la ley N° 19.880”.

Pues bien, en esta oportunidad, y en relación con lo señalado precedentemente, el mencionado servicio de salud acompaña una copia de su resolución exenta N° 1.528, de 2017, a través de la cual declara terminada la licitaciónpública de que se trata.

Dicha resolución exenta señala, en lo medular, que “en el tiempo que media entre la Resolución que dejo sin efecto la adjudicación y los Dictámenes que ordenaron su invalidación, se procedió a reevaluar en su conjunto la finalidad perseguida por ese proceso licitatorio (ID 1288-102-LP14) determinándose que se haría un uso más eficiente de los recursos fiscales si se construía un nuevo Hospital en un terreno diferente, desechándose en consecuencia, la idea original de reponerlo en el mismo sitio donde actualmente se emplaza, decisión que fue avalada por el Ministerio de Salud así como el Ministerio de Desarrollo Social”.

Agrega ese documento, que “consecuente con lo anterior, durante el segundo trimestre del año 2015 se inició un proceso de compra de bien inmueble concluyendo a finales de esa anualidad, mediante él se adquirió un paño de terreno para emplazar ahí el nuevo Hospital”, de modo que “la finalidad tenida en vista al momento de realizar el proceso licitatorio ‘Obras Preliminares para el Proyecto de Normalización del Hospital de Melipilla’, ID 1288-102-LP14, actualmente perdió objeto toda vez que sobrevino una imposibilidad material que hace improcedente concluir ese proceso concursal con la contratación del proveedor Ingekor, Construcción y Gestión Inmobiliaria Integral Limitada”.

Pues bien, atendido lo manifestado, y frente a lo resuelto por ese servicio, en orden a no continuar con el proceso licitatorio en comento y, en consecuencia, a dejar sin efecto la adjudicación de la misma, cumple con señalar que esta sede de control no tiene objeciones que formular respecto del tal decisión, considerando que dicho proyecto no resulta conveniente a sus intereses.

Sin desmedro de lo anterior, y habida cuenta de los principios de eficiencia y eficacia que rigen las actuaciones de los órganos de la Administración -previstos en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado- esa repartición deberá, en lo sucesivo, determinar acabadamente la conveniencia de ejecutar los respectivos proyectos, evitando la ocurrencia de situaciones como la acaecida.


Saluda atentamente a Ud., 



Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República 

Descripción: https://www.contraloria.cl/icons/ecblank.gifAplica dictámenes 2196/93, 2641/2005, 8058/2009, 35081/2014, 59466/2015, 86712/2015, 82062/2013, 2420/2014, 82692/2013, 101586/2014 
Acción_
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FUENTES LEGALES
ley 19880 art/61, ley 19880 art/62, ley 19880 art/53,
ley 10336 art/6 inc/3
MATERIA
Descripción: https://www.contraloria.cl/icons/ecblank.gifRectificación de oficio de la evaluación de las ofertas y de la adjudicación no se ajustó a derecho, ya que advertido el error en la evaluación correspondía su invalidación previa audiencia del interesado. Sin embargo, no pueden afectarse situaciones jurídicas consolidadas a favor de terceros de buena fe.
DOCUMENTO COMPLETO
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N° 96.610 Fecha: 04-XII-2015

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Álvaro Hormazábal López, en representación, según indica, de la empresa Servicio Automotriz Pestana Ltda., para reclamar en contra de la legalidad de la decisión de Carabineros de Chile, en orden a dejar sin efecto la adjudicación de la licitación pública para la reparación y repuestos del vehículo fiscal que señala, ID N° 3326-398-LE15. Además, solicita que se retrotraiga el referido proceso concursal a la etapa de adjudicación o, en su defecto, se le paguen los gastos que debió solventar con cargo a dicha licitación.

Explica que la licitación pública en comento le fue adjudicada mediante la resolución exenta N° 1.693, de 29 de abril de 2015, del Departamento de Transportes de Carabineros de Chile, para luego, igual autoridad dejar sin efecto dicho acto administrativo aduciendo un error en la evaluación de las ofertas económicas de todos los proponentes.

Requerida de informe, la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile manifiesta que de acuerdo con lo señalado por el Departamento de Transportes (L.3), la Comisión Evaluadora encargada incurrió en un error involuntario al sumar solo los precios unitarios de cada servicio y no los valores totales, lo cual afectó la puntuación de las propuestas económicas de los tres interesados en la licitación.

Expresa que dicha inconsistencia fue detectada recién en la etapa de elaboración del contrato, por lo que, actuando de oficio y estimando que era la alternativa más viable y transparente, dejó sin efecto la adjudicación.

Sobre el particular, el acápite N° 2.6.2. de las bases administrativas, dispuso en materia de oferta económica, que el precio debía presentarse en moneda nacional (pesos), especificando si se trataba de valor unitario o total, y si era valor neto, indicando además un plazo de entrega de acuerdo a lo indicado en el anexo N° 1 “Criterios y Metodología de Evaluación”, contemplando también la descripción de los servicios.

En tal sentido, el punto 3.1 del referido anexo N° 1, indicó que la oferta económica debía presentarse en forma desglosada “según precio neto por unidad y subtotal neto (sin IVA)”.

Ahora, bien, del análisis de los antecedentes tenidos a la vista aparece que en la licitación en comento en el acta de evaluación de las ofertas se tomó en cuenta solo los valores unitarios de cada producto o servicio y no los totales netos, de acuerdo a los valores y ponderación establecida en el pliego de condiciones (máximo 20%), según el siguiente detalle:

1) Servicio Automotriz Pestana Ltda.: $ 3.954.684 (19%)
2) Vicente Herrera Donoso: $ 4.116.200 (18%)
3) Iván Opazo Ramírez: $ 3.905.700 (20%)

Sin embargo, al revisar pormenorizadamente los valores totales por ítem (sin IVA), los resultados fueron los que se pasan a exponer:

1) Servicio Automotriz Pestana Ltda.: $ 6.031.756 (14%)
2) Vicente Herrera Donoso: $ 4.137.200 (20%)
3) Iván Opazo Ramírez: $ 4.328.800 (19%)

Pues bien, como se dijo, dicho error de cálculo motivó que la Administración adjudicara equivocadamente, en una primera oportunidad, la licitación a la empresa recurrente, según da cuenta la mencionada resolución exenta N° 1.693, de 2015.

Así, de los antecedentes tenidos a la vista consta el mencionado “error de cálculo” que vició la adjudicación de que se trata, por lo que la entidad licitante se encontraba en la obligación de adoptar las medidas para dejar sin efecto dicha decisión y con ello no afectar el patrimonio fiscal, por lo que debe desestimarse la denuncia de la especie en este aspecto. 

Ahora bien, se han tenido a la vista las resoluciones exentas N°s. 1.899 y 1.900, ambas de 14 de mayo de 2015, ambas de la autoridad reclamada. La primera rectificó el acta de la comisión evaluadora, mientras que la segunda dejó sin efecto la adjudicación y readjudicó la licitación al oferente Vicente Herrera Donoso.

Al respecto, conviene anotar que en ambos actos administrativos se tuvo como fuente normativa los artículos 61 y 62 de la ley N° 19.880, que dicen relación con la revocación y la aclaración de los actos administrativos, respectivamente, lo cual merece algunas consideraciones acerca de las diferencias entre ambas instituciones y la entidad del error que se produjo en la adjudicación que se analiza, según se pasa a exponer.

En primer lugar, la jurisprudencia administrativa ha señalado que la revocación consiste en la necesidad de retirar un acto administrativo, que es válido, del ordenamiento jurídico, dejándose sin efecto por la propia autoridad que lo dictó, en consideración a que vulnera el interés público general -esto es, por razones de justicia y no de legalidad-, decisión que, por ende, se funda en razones de mérito, conveniencia u oportunidad, entendiéndose limitada por la consumación de los efectos de aquel o por la existencia de derechos adquiridos (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 2.196, de 1993; 2.641, de 2005, 8.058, de 2009, 35.081, de 2014, y 59.466, de 2015).

En segundo lugar, se debe tener presente que el acto de adjudicación de que se trata se encontraba totalmente tramitado, lo cual se comprueba con su publicación en el portal de compras públicas el 30 de abril del presente año, sin perjuicio de los correos electrónicos de fecha 4 de mayo de esta anualidad en donde Carabineros de Chile le solicita al interesado aceptar la adjudicación y acompañar la respectiva boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, y la posterior aceptación de éste. 

Asimismo, no se han acompañado antecedentes que permitan concluir en la perfección del acuerdo de voluntades, a través de la aceptación de la respectiva orden de compra, la que fue emitida y luego eliminada del portal decompras públicas.

En un tercer orden de ideas, la aclaración de oficio solo procede respecto de aclaraciones de puntos dudosos u obscuros y rectificaciones de errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo. Así, el dictamen N° 86.712, de 2015, de este origen, concluyó que esta facultad debe ser entendida como una medida de buena administración que habilita a la autoridad emisora del acto administrativo terminal para aclararlo o rectificar sus errores manifiestos. 

Lo anterior, siempre que la corrección de que se trata no importe realizar ningún juicio de valor ni alterar el sentido o la calificación jurídica de lo decidido por la autoridad.

En un cuarto orden de consideraciones es dable recordar que el artículo 53 de la ley N° 19.880, preceptúa que la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicacióndel acto.

Consecuente con lo expuesto el error en la calificación de las ofertas económicas que indujo a que la autoridad se decidiera por un oferente que no era el que presentó una mejor propuesta -acorde a los criterios de evaluación previstos en las bases-, era de la entidad necesaria para viciar el proceso de selección y con ello correspondía invalidar la anotada adjudicación previa audiencia del interesado, y no revocar o aclarar de oficio por parte de la autoridad, como ocurrió en la especie. 

No obstante lo señalado, cabe recordar que la jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 82.062, de 2013 y 2.420, de 2014, ha manifestado que la potestad invalidatoria de la autoridad tiene como límite aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza de los particulares en la actuación legítima de los órganos de la Administración, de manera tal que las consecuencias de una medida de esta naturaleza no pueden afectar a terceros que adquirieron derechos de buena fe al amparo del acto impugnado, como ocurrió en este caso con el nuevo adjudicado por parte de la entidad licitante. 

Por lo tanto, cabe concluir que la medida adoptada por Carabineros de Chile en orden a revocar y corregir de oficio la adjudicación de que se trata, no se ajustó a derecho. Sin embargo, de los antecedentes aparece que la nueva adjudicación generó todos sus efectos y la contratación habría sido ejecutada, por lo que resulta improcedente afectar dicha situación jurídica ya consolidada.

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que Carabineros de Chile deberá adoptar en futuras licitaciones como la analizada a fin de que no vuelvan a acontecer errores en las evaluaciones como la descrita, informando de ellas dentro del plazo de 15 días hábiles a la recepción del presente pronunciamiento a la Unidad de Seguimiento de la División de Auditoría Administrativa de esta Entidad Fiscalizadora.

Finalmente, en lo relativo a las sumas que el peticionario habría desembolsado y al perjuicio ocasionado, procede aclarar que la responsabilidad por daños, que necesariamente conduce a fijar una eventual indemnización de perjuicios, configura una materia de naturaleza litigiosa, respecto de la cual esta Contraloría General debe abstenerse, pues conforme al artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, esta no puede intervenir ni informar los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, como sucede en la situación planteada, por lo que cualquier requerimiento en tal sentido debe formularse ante los tribunales de justicia (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 82.692, de 2013, y 101.586, de 2014, de este origen).

Transcríbase al interesado, a la Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y a la Unidad de Seguimiento de la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General. 

Saluda atentamente a Ud. 


Patricia Arriagada Villouta
Contralor General de la República 
Subrogante 



ES LEGALES

Ley 19880 art/53
MATERIA
Descripción: https://www.contraloria.cl/icons/ecblank.gifRechaza solicitud de reconsideración del dictamen N° 24.531, de 2017, presentada por la Municipalidad de Chimbarongo
DOCUMENTO COMPLETO
Descripción: https://www.contraloria.cl/icons/ecblank.gif

N° 40.576 Fecha: 20-XI-2017

Mediante el documento de la referencia la Municipalidad de Chimbarongo solicita la reconsideración del dictamen N° 24.531, de 2017, a través del cual esta Contraloría General, junto con concluir, por las razones que en el mismo se consignan, que no se ajustó a derecho la decisión adoptada por esa entidad edilicia en el marco de la licitaciónpública convocada para la ejecución del proyecto “Construcción Multicanchas Sector Villa Las Brisas y Villa Campanario, Comuna de Chimbarongo”, en orden a seleccionar a un oferente que no obtuvo el mayor puntaje, dispuso que debía iniciar un procedimiento de invalidación de la respectiva resolución adjudicatoria, conforme a lo previsto en el artículo 53 de la ley N° 19.880.

Expone, en lo esencial, que su actuación se ciñó a la normativa que regía el certamen, toda vez que la oferta seleccionada resultaba más conveniente a los intereses municipales, añadiendo que la invalidación ordenada produciría diversos perjuicios, dado que las obras contratadas tendrían un 75 % de avance.

Sobre el particular, cumple esta sede de control con manifestar que del análisis de los planteamientos formulados por ese municipio se advierte que estos constituyen una reiteración de aquellos contenidos en el informe que evacuó con ocasión de la reclamación que dio origen al dictamen impugnado, los que fueron debidamente analizados para efectos de su emisión. 

En tales condiciones, y dado que lo expresado no aporta nuevos antecedentes de hecho o de derecho, ni elementos de juicio que no hubieren sido previamente analizados, cuya ponderación permita variar lo concluido en el citado pronunciamiento, no corresponde acceder a la reconsideración solicitada.

En consecuencia, procede que esa entidad edilicia inicie el procedimiento de invalidación ordenado, debiendo ponderar, al momento de resolver y conforme al ordenamiento jurídico, las consideraciones expuestas en esta oportunidad.

De las medidas adoptadas en cumplimiento del citado dictamen deberá informar a la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, en el plazo de 15 días contado desde la recepción del presente oficio.

Transcríbase al interesado.


Saluda atentamente a Ud.,


Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República 

N° 6.948 Fecha: 12-III-2018


Se ha dirigido a esta Contraloría General don Luis Pozo Arancibia, reclamando que no ha resultado procedente que el Hospital Roberto del Río haya decidido revocar la licitación pública ID 1947-629-LE15, sobre servicio de cobranza externa de ese recinto hospitalario, pues, a su juicio, habría procedido que se le adjudicara a él dicho proceso concursal, ya que habría cumplido con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

Sobre el particular, cabe recordar que mediante el dictamen N° 11.909, de 2016, esta Entidad de Control se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre la regularidad del aludido proceso concursal, teniendo en cuenta para ello que el referido hospital señaló que había iniciado un procedimiento de invalidación de la resolución de adjudicación antes singularizada y, por lo tanto, la situación denunciada estaba en vías de solución.

Requerida de informe, la aludida repartición pública manifiesta que inició el antedicho procedimiento invalidatorio debido a que las bases del concurso no definían los instrumentos o la forma en que debían acreditarse los criterios de evaluación denominados “mejores condiciones de trabajo” y “situación financiera”, lo que impedía una adecuada evaluación y adjudicación. 

Como resultado de lo anterior, decidió dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación, puesto que debido a los vicios advertidos en las bases ninguna de las ofertas podía ser adjudicada, incluida la propuesta del recurrente.

Al respecto, cabe señalar que de los antecedentes acompañados por la entidad licitante y aquellos presentes en el portal www.mercadopublico.cl, se observa que mediante la resolución exenta N° 222, de 2016, el Hospital Roberto del Río inició un procedimiento de invalidación del procedimiento licitatorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 53 y 55 de la ley N° 19.880, y que por medio de la resolución exenta N° 1.068, de 2016, dicha institución dejó sin efecto la adjudicación y declaró desierto el certamen.

Ahora bien, revisadas las bases que rigieron el proceso licitatorio, sancionadas por la resolución exenta N° 2.680, de 2015, del Hospital Roberto del Río, se advierte que ellas no daban cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22, N° 7, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que dispone como contenido mínimo de las bases de licitación pública “los criterios objetivos que serán considerados para decidir la adjudicación”, puesto que ese pliego no contemplaba la manera de acreditar los criterios de evaluación antes singularizados.

En este contexto, se debe recordar que el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 19.880, dispone que la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

En consecuencia, en mérito de lo expuesto, es menester concluir que en la especie la autoridad administrativa se ajustó a sus atribuciones al invalidar la adjudicación a que alude el recurrente y declarar desierto el respectivo concurso, por lo que este Órgano de Fiscalización no advierte observaciones que formular ante dichas actuaciones.

Saluda atentamente a Ud., 

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República 

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Resultados para invalidacion licitación en Dictámenes
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Roberto del Río haya decidido revocar la licitación pública ID 1947-629-LE15, sobre servicio de cobranza externa de ese recinto hospitalario, pues, a su juicio, habría procedido que se le adjudicara
040576N17 |22-11-2017 | mun, licitación pública, adjudicatario, oferta más conveniente, actos administrativos, invalidación
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019553N17 |30-05-2017 | CENABAST, contratos de suministros, bases de licitaciónlicitación pública, evaluación precios
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018166N17 |18-05-2017 | facultades cgr, informes de auditoría, obras públicas, mayores gastos generales, multas, resciliación, cuestión de mérito
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Base Dictámenes

CENABAST, contratos de suministros, bases de licitaciónlicitación pública, evaluación precios

NÚMERO DICTAMEN019553N17FECHA DOCUMENTO30-05-2017NUEVO:NOREACTIVADO:SIRECONSIDERADO:NORECONSIDERADO PARCIAL:NOACLARADO:NOALTERADO:NOAPLICADO:SICONFIRMADO:NOCOMPLEMENTADO:NOCARÁCTER:NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Descripción: https://www.contraloria.cl/icons/ecblank.gifaplica dictámenes 65769/2014, 84682/2016 
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Dictamen
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aplica
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65769
84682
2014
2016
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FUENTES LEGALES

ley 19886 art/10 inc/3, ley 19880 art/53 inc/1

MATERIA

Descripción: https://www.contraloria.cl/icons/ecblank.gifForma de evaluar el precio ofertado se ajustó a lo señalado en las bases que rigieron el proceso licitatorio.

DOCUMENTO COMPLETO

Descripción: https://www.contraloria.cl/icons/ecblank.gif

N° 19.553 Fecha: 30-V-2017

Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Jeannette Amestoy Balladares, en representación de Allergan Laboratorios Limitada, reclamando que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) en los procesos de licitación N°s. 5599-35-LP15 y 5599-36-LP15, convocados para la adquisición de toxina botulínica, habría omitido considerar para la determinación del precio ofertado el número de dosis por tratamiento contenidas en las propuestas de los proveedores. 

Indica asimismo que las referidas adjudicaciones no se atuvieron a las modificaciones efectuadas al anexo 2a de las bases que rigieron la licitación, en cuanto a cambiar el criterio de postulación “cantidad de unidades” por “cantidad de tratamientos”. Agrega que CENABAST adjudicó en base a una cantidad de unidades insuficientes para cubrir los tratamientos licitados, conforme a las dosis mínimas recomendadas por la ciencia médica.

Cuestiona, además, que la resolución exenta N° 3.775, de 2015, de CENABAST, que rechazó su solicitud deinvalidación de las referidas adjudicaciones, se emitió sin dar audiencia al interesado, esto es, a la empresa adjudicada, y que se justificó esa negativa en la existencia de situaciones jurídicas consolidadas.

Requerido su informe, CENABAST indica que ambas licitaciones se evaluaron según los criterios indicados en las respectivas bases administrativas, pues en el factor económico, subfactor precio, se contemplaba el valor ofertado por tratamiento. Agrega que si bien en el punto 4 del anexo N° 2a se solicitaba señalar las unidades aproximadas de toxina botulínica para cada tratamiento, ese requerimiento era un criterio de admisibilidad, y que para definir la cantidad de unidades por tratamiento se consideró lo informado por los médicos referentes del programa ministerial.

Sobre el particular, cabe consignar que el inciso tercero del artículo 10 de la ley N° 19.886 dispone que los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen.

Por su parte, la jurisprudencia administrativa ha puntualizado que la estricta sujeción a las bases constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo del proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y que dicho instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones de la Administración y del proveedor, a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que celebren (aplica dictamen N° 65.769, de 2014). 

En este contexto, procede anotar que las bases tipo que rigieron los procesos licitatorios por los que se consulta, que fueron aprobadas por medio de la resolución N° 272, de 2014, de la CENABAST, señalan en su apartado II, “Del producto licitado”, que el objeto que se regula es “la adquisición del producto identificado en el Anexo N° 2a o 2b según corresponda”. A su vez, el apartado III, “De las ofertas” precisa en su punto 4.1 que para el caso de fármacos, la ficha técnica contenida en el Anexo 2a constituye un anexo técnico. En dicha norma también se señala que la mencionada ficha contiene en su Punto 4 “Especificaciones de admisibilidad adicionales, cuando corresponda”.

En el mismo sentido, el apartado V, “De la admisibilidad de las ofertas”, de las mencionadas bases tipo, indica en su punto 3.4. que la admisibilidad técnica implica revisar respecto de cada producto ofertado que cumpla con los requisitos adicionales de admisibilidad establecidos en el punto 4 del Anexo N° 2a.

En relación a lo anterior, el Anexo N° 2a incluido como antecedente de ambas licitaciones en el portalwww.mercadopublico.cl, señala, respecto del producto licitado, que “El proveedor debe indicar las unidades aproximadas de Toxina que se utiliza para cada tratamiento”. Asimismo, en el referido Anexo de ambas licitaciones se señala la cantidad de “tratamientos” que se licitan por cada patología incluida. 

A su vez, las mencionadas bases tipo señalan en su apartado III, punto 5.1, que “El precio ofertado siempre deberá corresponder a la unidad de medida licitada por CENABAST y expresarse en pesos chilenos (CLP) y valores netos, esto es, sin impuestos, en el campo indicado para estos efectos en el portal de compras públicas”.

Como puede advertirse, sin perjuicio de que se solicitó a cada oferente como requisito de admisibilidad indicar la cantidad de unidades aproximadas utilizadas por tratamiento; los productos se licitaron en la unidad de medida “tratamiento” y así fueron evaluados, especialmente en lo que se refiere al subfactor precio.

En este contexto y atendido que CENABAST se ajustó a las bases administrativas al evaluar las ofertas presentadas en las licitaciones en comento, se desestiman los reclamos formulados por la peticionaria sobre la materia.

Por otra parte, en lo que se refiere a que la antedicha repartición pública no habría otorgado audiencia a la empresa adjudicada antes de pronunciarse sobre la solicitud de invalidación de las respectivas adjudicaciones efectuada por la recurrente, cabe anotar que el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 19.880, preceptúa que “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto”. 

Luego, procede señalar que la audiencia previa a la que alude el citado artículo 53 resulta necesaria en los casos en que la Administración de oficio, o a solicitud de un interesado distinto del destinatario final, decide invalidar alguno de sus actos, toda vez que debe conocer la opinión que al respecto tienen las personas a quienes les podría afectar tal determinación, lo que no resulta necesario si de los antecedentes que acompaña quien solicita la invalidación se desprende que no existe mérito para ello (aplica dictamen N° 84.682, de 2016).

Ahora bien, en este caso CENABAST ha omitido señalar si concedió la aludida audiencia previa y tampoco ha adjuntado los antecedentes del respectivo procedimiento de invalidación, lo que, sin embargo, no afecta la validez de la resolución exenta N° 3.775, de 2015, citada, ya que, en definitiva, a través de ella se rechazó la petición en comento, y revisada la reclamación de la especie por esta Entidad Fiscalizadora, no se advierten las irregularidades denunciadas. 

Remítase copia a la CENABAST.

Saluda atentamente a Ud.,


Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República 


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Acción_
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FUENTES LEGALES
ley 19886 art/4 inc/1, ley 19886 art/4 inc/6, ley 18575 art/54 lt/b, ley 18575 art/9, ley 19880 art/53
MATERIA
Descripción: https://www.contraloria.cl/icons/ecblank.gifLas causales de inhabilidad para contratar con la administración son aquellas previstas expresamente en el ordenamiento jurídico.
DOCUMENTO COMPLETO
Descripción: https://www.contraloria.cl/icons/ecblank.gif

N° 55.801 Fecha: 28-VII-2016
Se ha dirigido a esta Contraloría General la Subsecretaría de Turismo, solicitando un pronunciamiento relativo a las medidas que corresponde adoptar respecto de la licitación pública denominada “Consultoría de articulación y dinamización de destinos turísticos priorizados 2015 y 2016”, en la que resultó adjudicada -en sus líneas 1 y 2- la empresa ID Gestión y Representaciones SpA, por ser la mejor evaluada.

Señala que previo a la celebración del contrato, la Contraloría Regional de Valparaíso, tras una auditoría realizada al servicio recurrente, emitió el Informe Final N° 1.169, de 2015, en el que indicó que don Milos Miskovic, uno de los socios de la referida empresa, habría cometido ciertas irregularidades mientras ejerció el cargo de Director Regional de Turismo en la Región de Valparaíso, razón por la cual consulta si procede invalidar la resolución adjudicatoria, o si bastaría con exigir el nombramiento de otro Jefe de Proyecto, calidad que detenta el señor Miskovic.

Puesta en conocimiento dicha presentación a la empresa interesada, comparece ante esta Entidad de Control, doña Romina Lemos, por ID Gestión y Representaciones SpA, haciendo presente que la adjudicación de que se trata se ajustó al marco normativo, sin que exista vicio alguno, por lo que no procede su invalidación por la autoridad. Añade que tampoco corresponde que esa Subsecretaría solicite el cambio de jefe de proyecto, por cuanto carece de facultades para ello. 

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 4°, inciso primero, de la ley N° 19.886 establece que podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate delicitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal. 

Su inciso sexto prevé que ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. 

Respecto de las inhabilidades establecidas en la normativa citada, la jurisprudencia administrativa ha señalado que constituyen una restricción al principio de la libre concurrencia, consignado en el artículo 9° de la ley N° 18.575, al prohibir la participación de los proveedores afectados en los procedimientos licitatorios y en la suscripción de contratos con la Administración, por lo que son de derecho estricto y no pueden, por tanto, extenderse más allá de sus términos (aplica criterio de los dictámenes N° 26.153, de 2012 y 67.837, de 2015, entre otros).

Pues bien, mediante su resolución exenta N° 284, de 2015, la Subsecretaría de Turismo llamó a licitación pública y aprobó las bases administrativas, técnicas y anexos para la contratación del servicio de consultoría de articulación y dinamización de destinos turísticos priorizados 2015 y 2016, proceso que se desarrolló en cuatro líneas, y al que postularon cinco oferentes, entre los cuales se encuentra la empresa ID Gestión y Representaciones SpA, que además de las declaraciones respectivas de no tener inhabilidades, acompañó en su propuesta técnica el currículo del señor Miskovic. 

Posteriormente, a través de la resolución exenta N° 20, de 9 de febrero de 2016, se adjudicaron, en lo que interesa, las líneas 1 (sector norte) y 2 (sector centro) a la empresa referida, tras haber obtenido el mejor puntaje en la evaluación respectiva.

A su vez, el 8 de febrero de esta anualidad, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió el informe final N° 1.169, de 2015, sobre auditoría a las transferencias efectuadas por el Gobierno Regional al Servicio Nacional de Turismo, ambos de la Región de Valparaíso, que entre otras acciones, realizó observaciones a ciertos gastos efectuados por este último servicio mientras el señor Miskovic fue su director. 

En este contexto, cabe señalar que las observaciones efectuadas por esta Entidad de Control respecto del desempeño funcionario de una persona que forma parte de una empresa, no impiden que esta última pueda participar en una licitación pública o contratar con la Administración, pues esa circunstancia no constituye una inhabilidad, al no estar contemplada como tal en el ordenamiento jurídico aplicable en la especie.

En consecuencia, es menester concluir que la Subsecretaría de Turismo se ajustó a derecho al permitir la participación de la empresa aludida en el proceso concursal en comento y al adjudicarle las líneas en las que resultó ser la mejor evaluada.

Por otra parte, respecto de la consulta relativa a la facultad de ese servicio para invalidar parcialmente la resolución exenta que adjudicó la licitación que motiva su presentación, es preciso consignar que el artículo 53 de la ley N° 19.880, dispone que la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, en el plazo que indica. 

Como se desprende del precepto recién citado, la Administración activa debe invalidar los actos administrativos que vulneren el ordenamiento jurídico de acuerdo con esa normativa.

Por último, procede manifestar que la autoridad podrá exigir el cambio del jefe de proyecto en la medida que esa posibilidad se prevea en los documentos que rigieron la licitación y se cumplan las exigencias establecidas en ellos para tal fin.

Transcríbase a doña Romina Lemos.
Saluda atentamente a Ud.,


Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República