Revocación e Invalidación


N° 96.610 Fecha: 04-XII-2015

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Álvaro Hormazábal López, en representación, según indica, de la empresa Servicio Automotriz Pestana Ltda., para reclamar en contra de la legalidad de la decisión de Carabineros de Chile, en orden a dejar sin efecto la adjudicación de la licitación pública para la reparación y repuestos del vehículo fiscal que señala, ID N° 3326-398-LE15. Además, solicita que se retrotraiga el referido proceso concursal a la etapa de adjudicación o, en su defecto, se le paguen los gastos que debió solventar con cargo a dicha licitación.

Explica que la licitación pública en comento le fue adjudicada mediante la resolución exenta N° 1.693, de 29 de abril de 2015, del Departamento de Transportes de Carabineros de Chile, para luego, igual autoridad dejar sin efecto dicho acto administrativo aduciendo un error en la evaluación de las ofertas económicas de todos los proponentes.

Requerida de informe, la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile manifiesta que de acuerdo con lo señalado por el Departamento de Transportes (L.3), la Comisión Evaluadora encargada incurrió en un error involuntario al sumar solo los precios unitarios de cada servicio y no los valores totales, lo cual afectó la puntuación de las propuestas económicas de los tres interesados en la licitación.

Expresa que dicha inconsistencia fue detectada recién en la etapa de elaboración del contrato, por lo que, actuando de oficio y estimando que era la alternativa más viable y transparente, dejó sin efecto la adjudicación.

Sobre el particular, el acápite N° 2.6.2. de las bases administrativas, dispuso en materia de oferta económica, que el precio debía presentarse en moneda nacional (pesos), especificando si se trataba de valor unitario o total, y si era valor neto, indicando además un plazo de entrega de acuerdo a lo indicado en el anexo N° 1 “Criterios y Metodología de Evaluación”, contemplando también la descripción de los servicios.

En tal sentido, el punto 3.1 del referido anexo N° 1, indicó que la oferta económica debía presentarse en forma desglosada “según precio neto por unidad y subtotal neto (sin IVA)”.

Ahora, bien, del análisis de los antecedentes tenidos a la vista aparece que en la licitación en comento en el acta de evaluación de las ofertas se tomó en cuenta solo los valores unitarios de cada producto o servicio y no los totales netos, de acuerdo a los valores y ponderación establecida en el pliego de condiciones (máximo 20%), según el siguiente detalle:

1) Servicio Automotriz Pestana Ltda.: $ 3.954.684 (19%)
2) Vicente Herrera Donoso: $ 4.116.200 (18%)
3) Iván Opazo Ramírez: $ 3.905.700 (20%)

Sin embargo, al revisar pormenorizadamente los valores totales por ítem (sin IVA), los resultados fueron los que se pasan a exponer:

1) Servicio Automotriz Pestana Ltda.: $ 6.031.756 (14%)
2) Vicente Herrera Donoso: $ 4.137.200 (20%)
3) Iván Opazo Ramírez: $ 4.328.800 (19%)

Pues bien, como se dijo, dicho error de cálculo motivó que la Administración adjudicara equivocadamente, en una primera oportunidad, la licitación a la empresa recurrente, según da cuenta la mencionada resolución exenta N° 1.693, de 2015.

Así, de los antecedentes tenidos a la vista consta el mencionado “error de cálculo” que vició la adjudicación de que se trata, por lo que la entidad licitante se encontraba en la obligación de adoptar las medidas para dejar sin efecto dicha decisión y con ello no afectar el patrimonio fiscal, por lo que debe desestimarse la denuncia de la especie en este aspecto. 

Ahora bien, se han tenido a la vista las resoluciones exentas N°s. 1.899 y 1.900, ambas de 14 de mayo de 2015, ambas de la autoridad reclamada. La primera rectificó el acta de la comisión evaluadora, mientras que la segunda dejó sin efecto la adjudicación y readjudicó la licitación al oferente Vicente Herrera Donoso.

Al respecto, conviene anotar que en ambos actos administrativos se tuvo como fuente normativa los artículos 61 y 62 de la ley N° 19.880, que dicen relación con la revocación y la aclaración de los actos administrativos, respectivamente, lo cual merece algunas consideraciones acerca de las diferencias entre ambas instituciones y la entidad del error que se produjo en la adjudicación que se analiza, según se pasa a exponer.

En primer lugar, la jurisprudencia administrativa ha señalado que la revocación consiste en la necesidad de retirar un acto administrativo, que es válido, del ordenamiento jurídico, dejándose sin efecto por la propia autoridad que lo dictó, en consideración a que vulnera el interés público general -esto es, por razones de justicia y no de legalidad-, decisión que, por ende, se funda en razones de mérito, conveniencia u oportunidad, entendiéndose limitada por la consumación de los efectos de aquel o por la existencia de derechos adquiridos (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 2.196, de 1993; 2.641, de 2005, 8.058, de 2009, 35.081, de 2014, y 59.466, de 2015).

En segundo lugar, se debe tener presente que el acto de adjudicación de que se trata se encontraba totalmente tramitado, lo cual se comprueba con su publicación en el portal de compras públicas el 30 de abril del presente año, sin perjuicio de los correos electrónicos de fecha 4 de mayo de esta anualidad en donde Carabineros de Chile le solicita al interesado aceptar la adjudicación y acompañar la respectiva boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, y la posterior aceptación de éste. 

Asimismo, no se han acompañado antecedentes que permitan concluir en la perfección del acuerdo de voluntades, a través de la aceptación de la respectiva orden de compra, la que fue emitida y luego eliminada del portal de compras públicas.

En un tercer orden de ideas, la aclaración de oficio solo procede respecto de aclaraciones de puntos dudosos u obscuros y rectificaciones de errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo. Así, el dictamen N° 86.712, de 2015, de este origen, concluyó que esta facultad debe ser entendida como una medida de buena administración que habilita a la autoridad emisora del acto administrativo terminal para aclararlo o rectificar sus errores manifiestos. 

Lo anterior, siempre que la corrección de que se trata no importe realizar ningún juicio de valor ni alterar el sentido o la calificación jurídica de lo decidido por la autoridad.

En un cuarto orden de consideraciones es dable recordar que el artículo 53 de la ley N° 19.880, preceptúa que la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

Consecuente con lo expuesto el error en la calificación de las ofertas económicas que indujo a que la autoridad se decidiera por un oferente que no era el que presentó una mejor propuesta -acorde a los criterios de evaluación previstos en las bases-, era de la entidad necesaria para viciar el proceso de selección y con ello correspondía invalidar la anotada adjudicación previa audiencia del interesado, y no revocar o aclarar de oficio por parte de la autoridad, como ocurrió en la especie. 

No obstante lo señalado, cabe recordar que la jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 82.062, de 2013 y 2.420, de 2014, ha manifestado que la potestad invalidatoria de la autoridad tiene como límite aquellas situaciones jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza de los particulares en la actuación legítima de los órganos de la Administración, de manera tal que las consecuencias de una medida de esta naturaleza no pueden afectar a terceros que adquirieron derechos de buena fe al amparo del acto impugnado, como ocurrió en este caso con el nuevo adjudicado por parte de la entidad licitante. 

Por lo tanto, cabe concluir que la medida adoptada por Carabineros de Chile en orden a revocar y corregir de oficio la adjudicación de que se trata, no se ajustó a derecho. Sin embargo, de los antecedentes aparece que la nueva adjudicación generó todos sus efectos y la contratación habría sido ejecutada, por lo que resulta improcedente afectar dicha situación jurídica ya consolidada.

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que Carabineros de Chile deberá adoptar en futuras licitaciones como la analizada a fin de que no vuelvan a acontecer errores en las evaluaciones como la descrita, informando de ellas dentro del plazo de 15 días hábiles a la recepción del presente pronunciamiento a la Unidad de Seguimiento de la División de Auditoría Administrativa de esta Entidad Fiscalizadora.

Finalmente, en lo relativo a las sumas que el peticionario habría desembolsado y al perjuicio ocasionado, procede aclarar que la responsabilidad por daños, que necesariamente conduce a fijar una eventual indemnización de perjuicios, configura una materia de naturaleza litigiosa, respecto de la cual esta Contraloría General debe abstenerse, pues conforme al artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, esta no puede intervenir ni informar los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, como sucede en la situación planteada, por lo que cualquier requerimiento en tal sentido debe formularse ante los tribunales de justicia (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 82.692, de 2013, y 101.586, de 2014, de este origen).

Transcríbase al interesado, a la Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y a la Unidad de Seguimiento de la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General. 

Saluda atentamente a Ud. 


Patricia Arriagada Villouta
Contralor General de la República 
Subrogante