Término anticipado por interés público

N° 99.270 Fecha: 22-XII-2014


Se ha dirigido a esta Contraloría General don Alfredo Giacomán Assi, en representación de la sociedad Representaciones y Comercio Internacional Tecnodata Limitada, solicitando se declare la ilegalidad de los decretos exentos N°s. 1.972 y 1.973, ambos de 9 de mayo de 2013, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ponen término a los contratos de suministro de 52 fibroscopios y de 52 densímetros correspondientes a las licitaciones públicas ID N°s. 623-14-LP12 y 623-15-LP12, respectivamente.
Expone el recurrente que los anotados instrumentos no habrían respetado las normas que informan los procedimientos administrativos. Asimismo señala que carecerían de la debida fundamentación y vulnerarían, entre otros principios, el de fuerza obligatoria de los contratos.
Requerida de informe, la Subsecretaría del Interior indica que ambos decretos se ajustaron a derecho por cuanto la facultad para poner término anticipado a los aludidos convenios se encuentra establecida expresamente en los mismos, mientras que los fundamentos de esta decisión aparecen debidamente explicados en los aludidos decretos exentos, los que se basaron en la existencia de un elevado sobreprecio que perjudicaba el interés público. Finalmente manifiesta que este Órgano de Control debe abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado toda vez que se trata de un asunto jurisdiccional que se encuentra en actual conocimiento de los tribunales civiles de nuestro país.
Como cuestión previa, cabe hacer presente que las bases administrativas y técnicas de las licitaciones públicas para la adquisición de los equipos a que se refiere la consulta, se aprobaron por las resoluciones N°s. 745 y 746, ambas de 9 de marzo de 2012, de la aludida Cartera de Estado.
Dichos procedimientos concursales fueron adjudicados a la empresa recurrente, según dan cuenta las resoluciones exentas N°s. 3.964 y 3.965, ambas de 25 de junio de 2012, del consignado ministerio, para luego los correspondientes contratos ser sancionados a través de sus decretos N°s. 1.067 y 1.068, ambos de 2012, remitidos a este Organismo Fiscalizador el 2 de octubre del mismo año a fin de que se efectuara el trámite de toma de razón y que fueron retirados por esa Secretaría Ministerial con fecha 5 de octubre de la citada anualidad, con el propósito de, como alude en su informe, efectuar un análisis detenido acerca de la conveniencia para el interés patrimonial del Estado de mantener la vigencia de los contratos.
Así, por los cuestionados decretos exentos N°s. 1.972 y 1.973, el aludido ministerio procedió a poner término anticipado a los mencionados acuerdos de voluntades.
Asimismo, es dable recordar que esta Contraloría General emitió el informe final en investigación especial N° 10, de 2013, sobre presuntas irregularidades en adquisiciones de equipamiento para el Plan Frontera Norte, en el ministerio en comento, que en su página 30 y siguientes analizó las licitaciones de que trata la presentación en examen.
Dicho instrumento constató, en lo que interesa, una intermediación en la adquisición de los productos, lo que contravino los principios de eficiencia y eficacia con que deben llevarse a cabo las actuaciones de la Administración, toda vez que la participación de un tercero “tiene efectos sobre el precio final de los bienes que se venderán”.
Además, se determinó que no existió un sobreprecio de un 400% como el alegado en la denuncia que motivó tal informe. De tal modo, en materia de fibroscopios y densímetros las rentabilidades para la empresa ocurrente habrían sido inferiores al 100%.
Anotadas las circunstancias de hecho que antecedieron a la presentación de la especie, conviene advertir que tratándose de un requerimiento acerca de una supuesta infracción a la normativa que rige a las compras públicas y, en específico, al cuestionamiento de los consignados actos administrativos que pusieron término anticipado a los contratos de que se trata, corresponde que esta Entidad de Control se pronuncie al efecto.
No obsta a lo anterior, la existencia de una investigación penal -que concluyó con el sobreseimiento definitivo del ocurrente-, o de dos acciones civiles actualmente en tramitación en los Tribunales de Justicia que dicen relación con el pago por consignación que persigue el interesado, toda vez que lo pretendido en tales procedimientos judiciales difiere en lo sustantivo de lo solicitado en esta oportunidad.
Así, corresponde hacerse cargo de los argumentos por los cuales el recurrente estima que los citados decretos exentos N°s. 1.972 y 1.973, adolecen de irregularidades.
En primer lugar, con respecto a la inexistencia de un debido proceso de orden administrativo que debió preceder a la dictación de tales actos administrativos, se hace presente que el artículo 13 de la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en concordancia con el artículo 77 del reglamento de ese cuerpo legal, aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en lo que interesa, preceptúa que los acuerdos de voluntades regulados por ese texto legal, como ocurre en la especie, pueden modificarse o terminarse anticipadamente, entre otras causales, por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, agregando, que las resoluciones o decretos que dispongan tales medidas deberán ser fundados.
En ese mismo sentido, el N° 2 del punto 13.3 de las bases administrativas que rigieron los procesos concursales en examen incluyeron como ‘causal’ de término anticipado de los convenios la exigencia del ‘interés público o la seguridad nacional’.
Pues bien, en este punto no se observa que la normativa exija la existencia de un procedimiento administrativo a fin de poner término anticipado a un contrato, puesto que concurriendo la causal legal la Administración se encuentra facultada para tomar dicha decisión, la que debe ser fundamentada, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan respecto de esa medida, por lo que cabe desestimar la denuncia en tal aspecto.
En segundo lugar, acerca de la supuesta vulneración del deber de fundamentación de los decretos cuestionados, cumple con manifestar que la ‘causal’ esgrimida por el citado Ministerio para justificar el término de la relación contractual fue el interés público comprometido.
En efecto, según indica el licitante una vez suscritos los contratos en análisis -y pendiente la toma de razón de los actos aprobatorios de los mismos-, se constató que la sociedad requirente no habría adquirido las especies de forma directa de la empresa norteamericana SAS R&D Services Inc., fabricante y distribuidor de los equipos, sino que lo había realizado a través de la sociedad Asesorías e Inversiones Santa Victoria Limitada. Esta intermediación, además de no concordar con lo consignado en el certificado de representación que se acompañó en la oferta técnica, incidió en que el precio de los productos fuera mayor que si se hubieran adquirido directamente del distribuidor.
Por lo mismo, sostiene el ministerio requerido que de perseverar en los convenios, la Administración se habría puesto en la situación de pagar por cada uno de los equipos un precio muy superior respecto de aquel fijado por el mercado, lo que afectaría el equilibrio económico de los contratos conmutativos suscritos y el debido resguardo del patrimonio público.
Así, del examen de la licitación en análisis, de los decretos que se impugnan y de la documentación aportada por las partes, esta Entidad Fiscalizadora entiende que los decretos que pusieron término a los acuerdos de voluntades en estudio contaron con una debida fundamentación, en donde cobra especial importancia el informe requerido por el licitante al Ministerio de Defensa Nacional -previo a las decisiones adoptadas sobre la materia-, el cual a través del Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Chile da cuenta de un precio contratado superior en alrededor de un 100% a los valores estimados de mercado a esa época.
Lo anterior, no se ve afectado por el resultado de los procesos judiciales que pudieran derivar de los hechos descritos, puesto que la medida administrativa cumplió con la preceptiva de contratación pública antes citada, en concordancia con los artículos 3° y 11 de la ley N° 19.880.
En tercer lugar, en lo que dice relación a la eventual transgresión al principio de la fuerza obligatoria de los contratos, es pertinente señalar que dicho principio debe ser entendido en relación con la propia naturaleza y características de los ‘contratos’ administrativos, los cuales se encuentran regidos principalmente por normas de Derecho Público y en donde la autoridad administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones y en el resguardo del ‘interés público’, debe cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y coordinación, consagrados en los artículos 3°, inciso segundo, 5° y 8°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, como asimismo, con los principios de probidad y transparencia establecidos en los artículos 8° de la Constitución Política y 13, 52 y 53, de la ley orgánica constitucional aludida, actuando con objetividad e imparcialidad y velando por la eficiente administración de los recursos públicos.
En ese contexto, y debidamente facultado por la ley N° 19.886 y el pliego de condiciones que rigió el concurso público de que se trata, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tomó la decisión fundamentada de poner término anticipado a los contratos antes descritos, haciendo primar con tal medida el interés público por sobre el interés particular de la empresa contratante, lo que, como se dijo, se ajustó a las condiciones previstas en la normativa sobre la materia.
Consecuente con lo expuesto, no se aprecia irregularidad en el actuar del ministerio cuestionado por lo que esta Contraloría General debe desestimar la denuncia de la especie.
Transcríbase al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Saluda atentamente a Ud.,

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República