Sumario. Resolución que rechaza reposición es un acto interno.


DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictámenes 60701/2012, 21750/2013, 19258/2013, 34269/2011, 45264/2010, 57131/2013
Acción_

FUENTES LEGALES

ley 19880 art/35 inc/1

MATERIA

Desestima reclamo en contra de sumario afinado, por no advertirse los vicios alegados.

DOCUMENTO COMPLETO





N° 65.083 Fecha: 25-VIII-2014

Se ha dirigido a esta Contraloría General don Laurencio Andrés Berríos Bustos, funcionario del Instituto Nacional de Estadísticas, para reclamar por la medida disciplinaria de multa del 5% de su remuneración mensual que le fue aplicada a través de la resolución N° 198, de 2013, de ese servicio.

En ese sentido, el afectado aduce que nunca fue notificado del rechazo de la reposición presentada en contra del acto sancionatorio interno, lo que le habría impedido acudir a esta Entidad de Control, antes de la toma de razón, por sus derechos conculcados.

Requerido de informe, el referido organismo expresó que la falta de la comunicación de su resolución exenta N° 3.557, de 2013, que resolvió el aludido recurso administrativo, en nada modificó el resultado del proceso disciplinario en comento, por lo que no advierte ilegalidad alguna. 

Sobre el particular, es menester indicar que conforme a lo manifestado, entre otros, en el dictamen N° 60.701, de 2012, de esta procedencia, el acto administrativo en cuestión constituye una actuación interna del sumario, bastándole a la autoridad dejar constancia en el expediente de la circunstancia de no haber dado lugar a ella, motivo por el cual la omisión de la notificación de tal pronunciamiento no es un vicio que invalide lo obrado en el proceso.

A mayor abundamiento, tal como se ha precisado en el dictamen N° 21.750, de 2013, de este origen, lossumarios administrativos son procedimientos reglados, en los que no caben otros trámites o instancias que las previstas en la ley N° 18.834, normativa que no contempla la intervención de este Órgano Fiscalizador en orden a emitir una opinión anticipada de los mismos, por lo que, contrariamente a lo afirmado por el ocurrente, el hecho de no recurrir ante este Ente Contralor con antelación al control de juridicidad de la resolución de término, no pudo afectar su derecho a defensa, debiendo descartarse este reclamo.

A continuación, el peticionario impugna el valor concedido a las declaraciones de algunos testigos, puesto que en el proceso existiría otro número equivalente de testimonios en sentido opuesto, junto a la documentación allegada, que permitirían acreditar su inocencia.

En cuanto a este tema, es menester señalar que el artículo 35, inciso primero, de la ley N° 19.880, prevé que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento pueden acreditarse por cualquier medio probatorio admisible en derecho, apreciándose en conciencia, precepto cuya aplicación supletoria se extiende a los procesos disciplinarios regulados por el Estatuto Administrativo, según lo precisado en el dictamen N° 19.258, de 2013, de este Órgano Contralor.

Ahora bien, acorde con lo informado, entre otros, en el dictamen N° 34.269, de 2011, de este origen, la ponderación de los medios de prueba debe ser efectuada por el fiscal administrativo y por la autoridad sancionadora, motivo por el cual, el hecho de que se le otorgue valor a determinadas probanzas o se desechen otras, no implica una violación del debido proceso, en el evento que no exista arbitrariedad, lo que no se advierte del análisis de los diversos antecedentes sumariales, en particular de la vista fiscal que rola a fojas 320 y siguientes del expediente, atendido lo cual se desestima lo reclamado en este punto.

Por otra parte, en cuanto a que en el sumario habrían concurrido a declarar personas contratadas a honorarios, es dable manifestar que ello no constituye una infracción al procedimiento que rige la materia, dado que de acuerdo con el criterio contenido en el dictamen N° 45.264, de 2010, de esta procedencia, no existe impedimento para que tales servidores testifiquen en el mismo.

Finalmente, en lo que se refiere a la falta de consideración de la irreprochable conducta anterior del recurrente, cabe anotar, según se ha concluido en el dictamen N° 57.131 de 2013, de esta Entidad de Control, que el jefe superior del servicio, al decidir imponer una sanción, no se encuentra obligado a tener en cuenta el buen comportamiento previo para ponderar la rebaja de una medida disciplinaria, por lo que corresponde rechazar también dicha alegación.

Transcríbase al Instituto Nacional de Estadísticas, al que se devuelve el expediente sumarial acompañado.

Saluda atentamente a Ud. 




Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República