trabajar durante licencia médica puede acarrear destitución

DOCUMENTO COMPLETO N° 48.377 Fecha: 30-VI-2016 Se ha remitido a esta Contraloría General, para su control de legalidad, la resolución de la suma, por medio de la cual se aplica la medida disciplinaria de destitución a doña María Consuelo Sepúlveda Pascual, quien, representada por su abogado don Gabriel Muñoz Muñoz, objeta dicho acto sancionatorio, y el sumario que le sirve de fundamento. En su informe, la Comisión Nacional de Riego sostuvo la regularidad del mencionado proceso disciplinario, en el que se estableció que la afectada ejerció labores en el sector privado mientras hacía uso de licencia médica. Como cuestión previa, se debe expresar que el acto administrativo impugnado fue dictado luego de la reapertura del respectivo sumario, la que se ordenó en razón de lo manifestado en el dictamen N° 80.129, de 2015, de esta procedencia, a través del cual se representó la resolución N° 47, de 2015, de la Comisión Nacional de Riego, que sancionaba con igual castigo a la afectada, por no encontrarse acreditado el hecho reprochado a aquella, toda vez que no se logró demostrar que el periodo en que la interesada prestó servicios en el sector privado haya coincidido con aquel en que utilizó el citado reposo médico. Ahora bien, en esta ocasión el recurrente sostiene que su defendida no fue apercibida para formular causales de implicancia o recusación en contra de la fiscal una vez que se reabrió la investigación, añadiendo que aquella instructora no debió seguir tramitando el procedimiento, pues ya había emitido su opinión, al proponer previamente en su vista fiscal, la aplicación de una medida expulsiva. Sobre el particular, es menester anotar que si bien a la acusada no se le comunicó la posibilidad de impugnar la designación de la fiscal, dicha circunstancia no implicó un perjuicio en su contra, toda vez que de la documentación estudiada no se aprecia la concurrencia de alguna de las causales que al efecto contempla el artículo 133 de la ley N° 18.834, debiendo añadirse, en conformidad con lo expuesto en el dictamen N° 9.240, de 2008, de este origen, que el hecho de haber sustanciado el sumario con anterioridad y haberse pronunciado al respecto, el instructor no pierde su imparcialidad y la objetividad necesarias para actuar y adoptar todas las diligencias pertinentes para su correcta conclusión. Luego, en lo que dice relación con la imprecisión en la formulación de los cargos, resulta útil apuntar que en aquellos se describen en forma precisa la conducta anómala que se le atribuyó a la interesada y la normativa infringida, requisitos que debe satisfacer esa imputación, acorde con lo sostenido en el dictamen N° 83.841, de 2014, de este Órgano de Control. Asimismo, en lo que atañe a que la normativa vulnerada no sería sancionable con destitución, es del caso exponer que a la señora Sepúlveda Pascual se le acusó de haber infringido con su comportamiento la obligación que, el artículo 61, letra g), de la ley Nº 18.834, le impone a cada funcionario en orden a observar estrictamente el principio de probidad administrativa y cuya infracción, según lo ordenado en el artículo 125, inciso segundo, del referido texto estatutario, debe ser sancionada con la destitución si los hechos vulneran gravemente el aludido principio. En este contexto, es menester añadir, en concordancia con lo sostenido en el dictamen N° 20.824, de 2016, de este Organismo de Control, que corresponde al sancionador determinar la gravedad de la falta, de acuerdo al mérito del sumario, de modo que no se observa la irregularidad alegada. Continúa el señor Muñoz Muñoz señalando que se denegó la posibilidad de suspender la citación efectuada a su representada para declarar en el careo que indica, a pesar de que estaba gozando de licencia médica. Al respecto, es necesario manifestar que en el expediente sumarial se advierte que la propia afectada a través de su abogado pidió una audiencia de careo, gestión a la que accedió la fiscal y que finalmente no se llevó a cabo, atendido que la sancionada se excusó de concurrir, aduciendo el reposo médico por descanso postnatal del que hacía uso, solicitando la postergación de ese trámite probatorio, petición que no fue acogida. Sobre este punto, cabe mencionar que la circunstancia de que la señora Sepúlveda Pascual haya estado haciendo uso del referido permiso postnatal a la fecha en que se desarrollaría la citada diligencia, no impedía que ella acudiera a la misma, toda vez que, en armonía con el criterio contenido en los dictámenes N os 58.507, de 2006 y 5.903, de 2012, de este origen, el descanso maternal no imposibilita a la madre beneficiaria para ejercer en plenitud los demás derechos estatutarios y facultades que el ordenamiento le reconoce, como lo sería, en este caso, el practicar su derecho a defensa durante un proceso como el de la especie. Por lo demás, es oportuno señalar que en los documentos examinados aparece que la inculpada fue informada de las instancias del proceso, y se observa que, representada por sus abogados, realizó diversas presentaciones en el transcurso del sumario, de modo que su derecho a defensa no se vio vulnerado. En razón de lo expuesto y considerando que en esta ocasión, el mérito de las nuevas pruebas acompañadas, en particular, las declaraciones de testigos que rolan a fojas 186, 187, 227 y 228, del expediente sumarial, así como las presentaciones deducidas por la señora Sepúlveda Pascual ante los tribunales de justicia que constan a fojas 188 y siguientes de la carpeta investigativa, permiten sostener que la afectada prestó servicios en el sector privado en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, época en la que se encontraba utilizando licencia médica, se cursa la resolución de la suma y se rechazan los reclamos interpuestos. Transcríbase al señor Gabriel Muñoz Muñoz. Saluda atentamente a Ud. Patricia Arriagada Villouta Contralor General de la República Subrogante