Jurisprudencia Administrativa sobre cotizaciones en trato directo


Resumen: La resolución aprobatoria debe mencionar las cotizaciones que realizaron y dichas cotizaciones deben  remitirse junto a la resolución que se somete a toma de razón.

La resolución aprobatoria del trato directo debe publicarse en el portal.




N° 46.686 Fecha: 25-VI-2014
Esta Entidad Fiscalizadora ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 152, de 2014, del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, que aprueba el contrato de prestación de servicios de aseo, por cuanto no se ajusta a derecho.
En efecto, resulta improcedente efectuar gastos con cargo a presupuestos fenecidos como acontece en el caso en estudio, pues se imputa al del año 2013, siendo del caso precisar que los desembolsos que suponga el acto en examen deben provenir del presupuesto vigente de la institución, independiente de la fecha en que se hubiere celebrado el contrato.
Además, se ha omitido acompañar, entre otros antecedentes, la cotización presentada por Eulen Chile S.A. a que se hace referencia en la cláusula primera del acuerdo de voluntades, y las demás que se hayan tenido a la vista, la personería del representante de la empresa y el certificado de disponibilidad presupuestaria, antecedentes que sirven de fundamento al acto de la suma, tal como lo prescribe el artículo 6° de la resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría General, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, los cuales resultan esenciales para proceder al referido examen de juridicidad.
Asimismo, en virtud del mismo artículo 6°, los anexos del contrato deben transcribirse en el cuerpo de la resolución, lo que se ha incumplido en la especie.
Por otra parte, cumple con hacer presente que los pagos que esa entidad efectúe con motivo del convenio, deberán realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la respectiva factura sea aceptada, conforme a lo dispuesto en la glosa 05 de la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, Capítulo 11, Programa 01, Organismos de Salud de la FACH, de la Ley de Presupuestos del Sector Público de 2014.
A su vez, la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 70 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, esto es, no podrá ser inferior a 60 días hábiles después de terminado el acuerdo de voluntades, resultando improcedente lo estipulado en la cláusula vigésimo quinta, en cuanto a la entrega anual del instrumento de garantía.
Adicionalmente, es menester concordar la vigencia del contrato, que de acuerdo a la cláusula vigésimo séptima será de 18 meses desde la total tramitación de la resolución que lo apruebe, con el término fechado en igual cláusula para el día 31 de diciembre de 2014.
Luego, en relación con la facultad del Hospital señalada en el párrafo final de la misma cláusula vigésimo séptima, cabe precisar que las causales de término del contrato son aquellas contenidas en la cláusula vigésimo octava y no las que ahí se indican.
Enseguida, cabe hacer presente que tanto el acto administrativo en estudio, como el contrato que se aprueba y sus términos de referencia deberán publicarse en el portal www.mercadopublico.cl, lo que se ha omitido consignar en la resolución del rubro.
Finalmente, cabe indicar que el instrumento en análisis ha sido dictado con evidente retraso, pues el convenio que se aprueba fue suscrito con fecha 1 de julio de 2013, siendo sancionado recién con fecha 14 de febrero de 2014.
La demora señalada implica una infracción al artículo 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a los organismos públicos el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, y también a lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, relativo al principio de celeridad, al que debe supeditarse ese tipo de procedimientos.
Atendido lo expuesto, el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile deberá adoptar, en lo sucesivo, las medidas que sean necesarias a fin de que sus instrumentos se dicten y envíen a tramitación en su debida oportunidad.
En mérito de lo anteriormente expuesto, se representa el instrumento en estudio.
Transcríbase a la División de Auditoría Administrativa.
Saluda atentamente a Ud.,
Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República





Resumen:  Irregularidades consistentes en:

a) Dictar la orden de compra antes de la resolución que ordena el trato directo.
b) No enviar cotización.
b) No coincidir términos de referencia enviados al cotizado con los aprobados.

N° 30.449 Fecha: 30-IV-2014Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 246, de 2013, de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud -CENABAST-, que aprueba el contrato suscrito entre esta última y Abbvie Productos Farmacéuticos Limitada, por cuanto consultado el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, se han constatado irregularidades.Lo anterior, atendido que, según los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que ese servicio emitió la orden de compra N° 5599-141-SE13, relativa a la adquisición de los bienes objeto del contrato, y la envió al proveedor con fecha 7 de junio de 2013, encontrándose la misma en estado de aceptada, lo cual contraviene lo establecido en el inciso final del artículo 65 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886.En efecto, en virtud de lo prescrito en dicha disposición reglamentaria, las órdenes de compra deben emitirse de acuerdo a un contrato vigente, esto es, una vez aprobado a través del correspondiente acto administrativo debidamente tramitado -lo que en la especie no se ha verificado-, encontrándose el licitante sólo a partir de esa época en condiciones de expedir tales documentos, en armonía con el criterio sustentado, entre otros, en los dictámenes N°s. 22.188, de 2011; 11.476, de 2012, y 22.551, de 2014, de este Organismo de Control.Enseguida, se debe hacer presente que no se ha remitido la cotización ID 5599-23-CT13 o bien el anexo N° 1, “Identificación del Oferente-Carta Oferta”, documentos indispensables para determinar las cantidades solicitadas por la CENABAST al proveedor y el precio ofrecido por la contratante respecto del producto adquirido.Además de lo anterior, cabe precisar que el considerando 5° de la resolución en análisis, señala que la indicada adquisición se rigió por unos términos de referencia distintos a los que efectivamente normaron la contratación en comento, cuales fueron los aprobados mediante la resolución exenta N° 2.496, de 2012, de dicha repartición pública.Por su parte, se advierte que la boleta de fiel cumplimiento que se acompaña no menciona en su glosa la resolución exenta N° 1.264, de 2013, de la CENABAST, que fundamenta el citado acuerdo de voluntades, tal como lo exige el N° 15.2. de los señalados términos de referencia.También, se debe anotar que el acta N° 1.773, de la Comisión de Adquisiciones de CENABAST que autorizó, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 74 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, el trato directo con la referida empresa, no ha sido suscrita por todos los asistentes a dicha sesión ordinaria. A su vez, en lo meramente formal, se debe corregir el resuelvo N° 2, atendido que no especifica debidamente el mandato que contiene.Además de lo anterior, cabe precisar que los imperativos finales de la resolución en estudio, deben ser Anótese, Tómese Razón y Comuníquese, y no como se señala en dicho instrumento. Por último, se debe hacer presente que el convenio remitido para su aprobación, no se encuentra firmado por el representante legal de CENABAST. Transcríbase a la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General.Saluda atentamente a Ud.,
Patricia Arriagada Villouta
Contralor General de la República
Subrogante




Resumen: Ausencia de cotizaciones constituye falta grave que no se  sanciona sólo con censura.

N° 178 Fecha: 3-I-2007

Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución 208, de 2006, del Instituto de Normalización Previsional, que aplica al término del respectivo sumario administrativo, la medida disciplinaria de censura a don XX, toda vez que no se encuentra debidamente afinado.

En efecto, del análisis de los antecedentes adjuntos, ha sido posible verificar que el proceso disciplinario de que se trata, fue ordenado instruir con el objeto de investigar los hechos consignados en el informe de auditoría N° 55, de 2006, del Servicio -fojas 3 a 11 del expediente en el que se denuncian irregularidades referidas a la deficiente gestión administrativa, falta de aplicación de los controles internos y vulneración a la Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en los Manuales e Instructivos Institucionales, por el INP-Sector Activo de la Décima Región, y establecer la responsabilidad administrativa que derivare de los mismos.

Pues bien, y como cuestión previa, corresponde anotar que aun cuando el legislador ha radicado la potestad disciplinaria en la administración activa, confiriéndole la facultad de determinar la absolución o aplicación de una medida disciplinaria respecto del personal de su dependencia, atribución que debe ser ejercida con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, ello es sin perjuicio de la competencia que otorga a este órgano de Control el artículo 1° de su Ley Orgánica Constitucional N° 10.336, en orden a pronunciarse sobre la legalidad y constitucionalidad de los decretos y resoluciones de los servicios sometidos a su fiscalización, que debe tramitarlos, debiendo cursarlos si se ajustan a derecho o representarlos en caso contrario, vigilando siempre el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado por el DFL. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

De este modo, esta Entidad de Control debe velar porque las decisiones de la Administración se ciñan al principio de juridicidad previsto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esto es, que se ajusten al ordenamiento jurídico en toda su integridad, como también que se resguarde la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, N° 2, de la Ley Suprema. De consiguiente, le corresponde fiscalizar que la potestad disciplinaria sea ejercida en la forma que señala la legislación y sin arbitrariedad, lo que implica que la decisión adoptada sea justa, desprovista de discriminación y proporcional a la falta y al mérito del proceso. (Aplica criterio contenido en los Dictámenes N°S 7.744 y 43.507, ambos de 2000 y 28.197, de 2005, entre otros).

Precisado lo anterior, cabe anotar que en el proceso sumarial en examen han quedado fehacientemente acreditados los cargos primero y segundo imputados al inculpado a fojas 128, relativos a: "1. Haber participado, entre enero y Agosto de 2005, en la aprobación de compras y licitaciones por la vía directa, de las prestaciones señaladas en el anexo N° 1 del informe de auditoría 55/2006 de 31 de mayo de 2006, sin ingresarlas al portal Chile compra y sin las tres cotizaciones requeridas; 2. Participar y autorizar el ingreso de órdenes de compra al portal Chile Compra con fecha 8 de septiembre de 2005, la emisión de resoluciones fundadas en septiembre de manera retroactiva, y confeccionar con fecha 7 de septiembre de 2005, autorizaciones de pago, de prestaciones realizadas entre el 12 de mayo de 2005 y 22 de agosto de 2005, en todos los casos sin las tres cotizaciones que exige la legislación, según se desprende del anexo N° 1 del informe de auditoría 55/2006 de 31 de mayo de 2006."

Ahora bien, las imputaciones precedentemente transcritas, no desvirtuadas por el sumariado, implican una vulneración a los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Compras N° 19.886 y de su reglamento contenido en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda -normativa obligatoria aplicable a este régimen de contrataciones-, incurriendo así en conductas que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, previstas en el artículo N° 7 y 8, de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, en relación con lo dispuesto en el artículo 52 de la misma ley. Cabe agregar que en la documentación sumarial no se acredita que haya existido fuerza mayor para realizar las compras sin apego a la preceptiva citada.

Acorde con lo expuesto, esta Entidad Fiscalizadora debe concluir que la medida disciplinaria correctiva dispuesta en la especie, no condice con la entidad de las transgresiones en que ha incurrido el sumariado, las que configuran, como se ha indicado una grave falta al referido principio que amerita ser sancionada con la destitución de su cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 125, inciso segundo, de la Ley N° 18.834.

En estas condiciones, y sobre la base de lo precedentemente expuesto, esta Contraloría General devuelve, sin tramitar, la resolución.