Jurisprudencia adminstrativa sobre ficha clínica




Resumen: Se encuentran autorizados para acceder a la ficha clínica de un paciente, además de las personas y organismos indicados en el artículo 13 de la ley Nº 20.584, aquellos que hayan sido habilitados por otros cuerpos legales.







N° 19.652 Fecha: 02-IV-2013
Se han dirigido a esta Contraloría General el Superintendente de Salud, la Directora del Hospital Dr. Exequiel González Cortés y el Director del Hospital Metropolitano de Santiago, solicitando un pronunciamiento acerca de la aplicación de las normas contenidas en la ley N° 20.584 -que Regula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención en Salud-, en relación a quiénes son los sujetos autorizados para acceder a la ficha clínica de un paciente.
Consulta el primer recurrente, respecto de las facultades que tendrían las entidades acreditadoras de prestadores institucionales de salud para acceder a la mencionada ficha; mientras que los directores de los hospitales solicitan se determine el sentido y alcance de la antedicha ley, estableciendo quienes son los sujetos legalmente autorizados para contar con esa información.
Requeridos sus informes, el Consejo para la Transparencia, el Fondo Nacional de Salud y la Subsecretaría de Salud Pública han señalado, en síntesis, las razones por las cuales estiman que la citada ley N° 20.584 no produce efectos sobre otras normas que autorizan a determinados funcionarios o entidades a acceder a las fichas clínicas con los fines y resguardos contemplados en la legislación vigente.
Sobre el particular, cabe mencionar que la ley N° 20.584, en su artículo 12, junto con definir la ficha clínica, establece que toda información que surja de ella y de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2°, letra g), de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
A continuación, el artículo 13 de la señalada ley N° 20.584 dispone que un reglamento expedido a través del Ministerio de Salud, regulará la forma y las condiciones bajo las cuales los prestadores almacenarán las fichas, así como las normas necesarias para su administración, adecuada protección y eliminación, negando la posibilidad de acceso a dicho documento a terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona, lo cual se efectuó mediante el decreto N° 41, de 2012, de la citada Secretaría de Estado, que aprobó el Reglamento sobre Fichas Clínicas.
Enseguida, el inciso tercero del recién citado artículo 13 de la ley, en concordancia con el artículo 10 del mencionado reglamento, enumera a las personas u organismos a quienes se podrá entregar la información contenida en la ficha, copia de la misma o parte de ella, total o parcialmente, a solicitud expresa de ellos y en los casos, forma y condiciones que se indican.
Por su parte, el artículo 10 de la ley N° 19.628 señala que “No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.”.
Añade, en lo pertinente, el artículo 20 de la misma ley que el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a lo establecido en dicha ley, no requiriéndose en tal caso la aquiescencia de su titular.
A su turno, el decreto N° 15, de 2007, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud -a que se refieren los N°s. 11 y 12 del artículo 4° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud-, establece el procedimiento destinado a evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos fijados, con el objeto de velar porque los servicios que otorgan los prestadores institucionales que se sometan a él, revistan la calidad necesaria para resguardar la seguridad de los usuarios, entregando dicha función a las entidades acreditadoras fiscalizadas por la Intendencia de Prestadores de Salud.
Así las cosas, es necesario definir el sentido y alcance de la ley N° 20.584 respecto del acceso de que se trata, contemplado en la legislación vigente, atendido que de un primer análisis podría entenderse que su articulado vino a restringir las facultades de determinados organismos y funcionarios para acceder a la ficha clínica de un paciente.
Sin embargo, del examen de la normativa previamente reseñada y en relación con la consulta de esa Superintendencia, puede advertirse que el mencionado decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, encargó al Ministerio de Salud establecer los estándares mínimos que deberán cumplir los prestadores institucionales de salud, con el fin de garantizar que las prestaciones alcancen la calidad requerida para la seguridad de los usuarios, ordenando además la creación de un sistema de acreditación al efecto.
Además, se debe manifestar que este sistema tiene su base en la existencia de las entidades acreditadoras, las cuales de acuerdo al artículo 2°, letra b), del precitado decreto N° 15, de 2007, son personas jurídicas, públicas o privadas, autorizadas para ejecutar procesos de acreditación por la Intendencia de Prestadores de Salud e inscritas en el Registro Público que indica.
A su vez, la acreditación es el proceso periódico de evaluación respecto del cumplimiento de los estándares mínimos fijados por el Ministerio de Salud, por parte de los prestadores institucionales autorizados por la autoridad sanitaria para funcionar, de acuerdo a lo prescrito, en lo pertinente, por la letra a) del recién citado artículo.
Estos requisitos mínimos de calidad, se fijaron mediante los decretos exentos N°s. 18, de 2009, 33; 34; 35; 36 y 37, de 2010 y 346 y 347, de 2011, todos del Ministerio de Salud, que aprobaron los manuales que los contienen, los cuales ordenan a la entidad acreditadora evaluar si el prestador institucional utiliza un sistema formal de ficha clínica o bien la autoriza a revisar una muestra de los registros originales utilizados en el período en análisis, lo que conlleva a la necesidad y correspondiente obligación de acceder a las fichas clínicas de los pacientes.
Enseguida, cabe señalar que la ley N° 19.966 -que establece un Régimen de Garantías de Salud-, contempla en sus artículos 2°, 3° y 4°, la garantía explícita de salud relativa a la calidad de las prestaciones, prescribiendo la letra b) de este último artículo, que consiste en el “otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas por un prestador registrado o acreditado, de acuerdo a la ley N° 19.937, en la forma y condiciones que determine el decreto a que se refiere el artículo 11.”.
El referido mandato legal fue formalizado mediante el decreto N° 121, de 2005, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento que Establece Normas para la Elaboración y Determinación de las Garantías Explícitas en Salud a que se Refiere la Ley N° 19.966.
Conforme a lo anterior, con fecha 22 de febrero del presente año, se publicó en el Diario Oficial el decreto N° 4, de 2013, del Ministerio de Salud, que aprueba las Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de Garantías en Salud, detallándose en su artículo 1° los problemas de salud y garantías explícitas de salud, existiendo una obligación legal de que dichas prestaciones, para efectos precisamente de cumplir con la garantía de calidad, a partir del 1 de julio de esta anualidad, sean otorgadas por aquellas entidades inscritas en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, las que deben cumplir el requisito de estar acreditadas.
En este contexto corresponde concluir que, con el objeto de realizar su cometido, las entidades acreditadoras están facultadas para acceder a la ficha clínica del paciente, dado que el artículo 10 de la ley N° 19.628 permite el tratamiento de los datos sensibles cuando “la ley lo autorice”, situación que en este caso tiene como fundamento el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, el cual al crear un sistema de acreditación de los prestadores institucionales de salud, para el cumplimiento de la garantía explícita de calidad de las prestaciones establecidas por la señalada ley N° 19.966, ha configurado un sistema basado en distintos cuerpos legales, destinados a cumplir el mandato legal encomendado.
Por otra parte, en lo que concierne a la consulta referente a quiénes son los sujetos legalmente autorizados para acceder a la ficha clínica de un paciente, cabe señalar que si bien la ley N° 20.584 dispuso su conocimiento por los funcionarios y entidades enumeradas expresamente en su artículo 13, es menester hacer presente que atendida la normativa previamente reseñada, puede concluirse que las disposiciones de dicho artículo destinadas a evitar la intromisión de terceros no vinculados con el paciente en la ficha clínica de éste, no han alterado otras normas legales que autorizan a determinados funcionarios o entidades para realizar el tratamiento de las fichas clínicas.
Lo anterior puesto que el artículo 10 de la ley Nº 19.628 permite que los datos sensibles sean objeto de tratamiento, cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares, situaciones que se configuran respecto de diferentes entidades, tales como el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y su Intendencia de Prestadores de Salud, y el Fondo Nacional de Salud, entre otras, todas ellas autorizadas, como ha podido apreciarse, mediante el aludido decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005.
Así, sobre la base de las referidas consideraciones, procede aplicar el artículo 13 de la ley N° 20.584 en forma complementaria a la ley N° 19.628 y a los demás preceptos legales vigentes, con el fin de que toda esta normativa produzca sus efectos y se protejan correctamente los derechos de los beneficiarios del sistema de salud.
Atendido lo expuesto, esta Contraloría General cumple con expresar que se encuentran autorizados para acceder a la ficha clínica de un paciente, además de las personas y organismos indicados en el artículo 13 de la ley Nº 20.584, aquellos que hayan sido habilitados por otros cuerpos legales.

Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República
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