La urgencia como causal de trato directo



Resumen: Si se invoca urgencia debe haber celeridad en la tramitación por el comprador y fundamentarse la causal.




N° 54.336 Fecha: 1-X-2009


Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 160 de 2009 de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, a través de la cual se aprueba un contrato celebrado en virtud de un trato directo para la adquisición de productos “factor antihemofílico” que indica, por cuanto no se ajusta a derecho, atendidas las consideraciones que a continuación se exponen.

En primer término, y en armonía con el criterio contenido en el dictamen N° 11.189, de 2008, de esta Entidad de Control, entre otros, la resolución que se examina no ha fundamentado las razones por las cuales el contrato se celebró mediante un trato directo y no previa propuesta pública, como lo exige el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En efecto, si bien la resolución exenta N° 636, de 2009, de ese servicio, contiene una justificación para permitir el trato directo –aludiendo al artículo 8°, letra c), de la ley N° 19.886, en concordancia con el artículo 10, N° 3, de su reglamento, esto es, el estado de emergencia, urgencia o imprevisto, originado por la demora en la adquisición de los productos a raíz de la toma de razón del respectivo acto administrativo aprobatorio de las bases del certamen, circunstancia que no habría sido prevista en la planificación del programa Hemofilia 2009, de dicho Servicio–, tal fundamentación debe contenerse en el texto de la resolución aprobatoria del convenio, cuestión que, como se ha expresado, fue omitida.

En cuanto a la fundamentación misma que se contiene en esa resolución exenta, y que fue resumida en el párrafo anterior del presente oficio, es necesario hacer presente que el control preventivo de legalidad de los actos administrativos sujetos a dicho trámite está previsto expresamente en los artículos 99 de la Carta Fundamental y artículo 10 de la ley N° 10.336. De este modo, y tal como se ha señalado en el dictamen N° 4.997, de 2009, la Administración, al momento de planificar los actos que emite, debe prever que el ordenamiento jurídico impone el deber de cumplir con esta exigencia.

En segundo lugar, es dable señalar que el contrato fue suscrito con fecha 11 de junio del año en curso, esto es, más de noventa días después de la fecha de dictación de la aludida resolución exenta N° 636, de 5 de marzo de 2009, lo cual desvirtúa la urgencia que habría motivado la adquisición de los insumos médicos referidos en dicha resolución mediante trato directo.

Por otra parte, conforme a lo señalado por esta Entidad de Control en el dictamen N° 20.879, de 2009, cabe reparar el numeral 1 de la cláusula duodécima del acto examinado, en cuanto señala que el Servicio podrá aplicar una sanción “General, Residual y Subsidiaria. Para el evento que no se contemple una sanción especial frente a una acción, omisión o situación del proveedor”, de hasta el diez por ciento neto del ítem no cumplido, toda vez que vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad de los actos de los órganos de la Administración, que, en esta materia, impone el deber de fijación y determinación de las conductas que permiten la aplicación de sanciones.

Asimismo, resulta improcedente lo contemplado en la parte final del numeral 2 de la citada cláusula duodécima, en lo que respecta a la posibilidad de readjudicar la propuesta originaria al siguiente oferente mejor evaluado, en el evento de que el Servicio ponga término anticipado al contrato, toda vez que en la especie no hubo licitación y, por ende, tampoco propuestas.



Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República 





Resumen: La causal de urgencia debe acreditarse en forma efectiva y documentada. Deben fundamentarse las razones que motivan su procedencia, y explicarse por qué no se hizo la adquisición con anticipación.



N° 69.864 Fecha: 09-XI-2012
Esta Entidad de Control ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 10, de 2012, del Hospital del Salvador, mediante el cual se aprueba el contrato suscrito entre el Hospital del Salvador y la sociedad PG Corp Servicios S.A., para la provisión del servicio de aseo hospitalario, por cuanto no se ajusta a derecho.
En efecto, de las consideraciones expuestas en el acto remitido a trámite, se desprende que en la especie se ha recurrido al trato directo atendida la emergencia, urgencia o imprevisto, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 10, N° 3, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, causal que, sin embargo, se ha omitido indicar. Asimismo, no se señalan las razones por las cuales ese servicio no dispuso oportunamente el llamado a licitación respectivo.
Al respecto, cabe reiterar lo manifestado por la jurisprudencia administrativa a través de los dictámenes N°s. 46.427, de 2008 y 10.925, de 2010, entre otros, en el sentido que por su carácter excepcional, las causales de trato directo requieren de una acreditación efectiva y documentada de las razones que motivan su procedencia, fundamento que debe contenerse en el cuerpo del acto aprobatorio del mismo, siendo insuficiente para estos efectos la sola alusión a razones de índole interno de funcionamiento del servicio.
Por otro lado, el inciso quinto de la cláusula vigésimo cuarta del contrato establece que las modificaciones contractuales deberán respetar “los precios y condiciones existentes al respecto”, sin que se señale expresamente si corresponden a los pactados en el contrato que se viene aprobando o en otro instrumento, en cuyo caso se objeta que no se establecen parámetros para su fijación, en resguardo del interés fiscal.
Al respecto, es necesario tener presente que esa misma obligación también resulta aplicable en el evento que dicho centro hospitalario haga uso de la prerrogativa señalada en el inciso primero de la misma disposición contractual, para los efectos de la cotización a que alude, lo que deberá consignarse.
Enseguida, corresponde manifestar que la toma de razón del documento en estudio se funda en lo dispuesto en el párrafo primero del numeral 9.2.2. del artículo 9° de la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, el que se transcribe erróneamente en el párrafo final del Considerando.
Por último, cumple con hacer presente que en el inciso primero de la cláusula vigésimo tercera, la remisión es a la estipulación vigésimo segunda y no al artículo 21, como allí se señala.
En mérito de lo anteriormente expuesto se representa el acto administrativo examinado.
Osvaldo Vargas Zincke
Contralor General de la República
Subrogante 




Resumen: Invocar causal de urgencia no exime de cumplir con DFL 36.

N° 18.550 Fecha:13-III-2014
Esta Entidad de Control ha debido abstenerse de dar curso a la resolución Nº 2, de 2014, del Instituto Nacional del Tórax, que aprueba el contrato para la prestación de servicios de cirugías cardiacas y de tórax y trasplantes cardiopulmonares para pacientes beneficiarios de ese establecimiento autogestionado, suscrito entre aquella entidad y Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., y Servicios Integrados de Salud Limitada, por cuanto no se ajusta a derecho.
En efecto, no se ha acreditado la suficiencia técnica necesaria de las sociedades en referencia para tomar a su cargo la realización de las acciones de salud que se pactan, en los términos que exige el artículo 7° del decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, que establece las normas que se aplicarán en los convenios que celebren los servicios de salud, y al tenor de la jurisprudencia administrativa aplicable en la materia, contenida entre otros, en los dictámenes N°s. 28.436, de 1997; 17.395, de 1999 y 12.235, de 2004, de este Órgano Fiscalizador.
Por otra parte, el Servicio remitente invoca como fundamento, para recurrir a la modalidad de trato directo, lo dispuesto en eI artículo 8°, letra c), de la ley N° 19.886, en relación con el numeral tercero del artículo 10° del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de dicho texto legal, disposiciones conforme a las cuales es posible acudir a esa modalidad de contratación en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante.
Sin embargo, no se acompañan antecedentes que acrediten, de manera suficiente, la concurrencia de los elementos que configuran la causal que se invoca, puesto que sólo se indica que constituye una situación de urgencia el contar con un centro médico clínico de este tipo, en forma permanente, a efectos de derivar a los pacientes, pese a que de acuerdo con lo informado por esta Contraloría General en sus dictámenes N°s. 18.355 y 44.411, de 2007; 46.427 de 2008, y 18.802, de 2010, entre otros, atendido el carácter excepcional de la modalidad de trato directo, se requiere una acreditación efectiva y documentada de las razones que motivan su procedencia.
Del mismo modo, tampoco se acredita con documentación alguna la afirmación contenida en la letra j) de los considerandos, relativa a que Clínica Dávila sería “el único centro que nos entrega un precio razonable por los servicios señalados”, lo que impide justificar el trato directo invocado.
A ello debe añadirse que en la cláusula sexta del contrato, relativa al Administrador Interno del Contrato, se indica que tal labor quedará a cargo de la Subdirección Médica del Instituto o quien la reemplace, la que actuará como contraparte de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., sin precisar si también goza de tal carácter respecto a la otra entidad que comparece a celebrar este contrato, esto es, Servicios Integrados de Salud Limitada.
Finalmente, es menester indicar que no se acompaña la boleta de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el certificado que acredita el pago de las cotizaciones previsionales y obligaciones laborales de los trabajadores, ni la escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Nancy De La Fuente Hernández, relativa a la personería de la empresa Servicios Integrados de Salud Limitada, a que se alude en las cláusulas décimo primera, décimo octava y vigésimo primera del referido convenio, respectivamente.
En mérito de lo expuesto, se representa el acto administrativo señalado.
Saluda atentamente a Ud.,


Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República 



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