Jurisprudencia término anticipado contratas funcionarios

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N° 23.518 Fecha 29-03-2016Se ha dirigido a esta Contraloría General la señora Patricia García Mersegué, exfuncionaria grado 15 de la planta de administrativos, de la Municipalidad de Recoleta, reclamando en contra del término anticipado de su designación a contrata; y que fue víctima de acoso laboral habiéndosele presionado para que desempeñara horas extraordinarias.Requerido el citado municipio, este informó, en síntesis, que su accionar se ajustó a derecho, toda vez que la peticionaria fue desvinculada a contar del 24 de octubre de 2015 por no ser necesarios sus servicios debido a una optimización de recursos de personal, lo que queda de manifiesto en que no efectuó una nueva contratación, sino que, en forma interna, pasó a desempeñar sus funciones la señora Claudia Rodríguez Olivares -funcionaria de planta del escalafón técnico, grado 12-. Agrega, que la alegación de la interesada respecto a que se le habría apremiado a trabajar horas extraordinarias no se condice con la realidad, por cuanto las que realizó fueron parte de un programa de fiscalización transitorio en el que participaron funcionarios de distintas unidades en forma voluntaria.Como cuestión previa, es menester indicar que de acuerdo con los antecedentes que obran en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER-, que mantiene esta Entidad de Fiscalización, se advierte que a la señora García Mersegué se le prorrogó su contrata, mediante el decreto N° 2.340, de 2014, de esa entidad edilicia, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad, y/o mientras fueran necesarios sus servicios, poniéndosele término anticipado por el acto administrativo N° 3.302, de 2015, a contar del 24 de octubre de igual año.Precisado lo anterior, es menester indicar que de acuerdo con los artículos 2°, incisos segundo y tercero, y 5°, letra f), de la ley N° 18.883, los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio que se contemplan en la dotación de una municipalidad, cuya duración máxima es hasta el 31 de diciembre de cada año, y quienes los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.Al respecto, la jurisprudencia de esta Contraloría General, contenida entre otros, en los dictámenes N°s. 74.764, de 2012, y 80.960, de 2014, ha concluido, en lo pertinente, que cuando una contratación o su prórroga, ha sido dispuesta con la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente.No obstante, es menester indicar que el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880 preceptúa que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares", lo que guarda concordancia con lo previsto en el inciso primero del artículo 16, que dispone "El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él", y en el inciso cuarto del artículo 41 del mismo texto legal que establece "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada".Así, los actos administrativos que afecten los derechos de los particulares, tanto los de contenido negativo o gravamen como los de contenido favorable, deberán ser fundados, debiendo, por tanto, la autoridad que los dicta, expresar los motivos -esto es, las condiciones que posibilitan y justifican su emisión-, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión, pues de lo contrario implicaría confundir la discrecionalidad que le concede el ordenamiento jurídico con la arbitrariedad, sin que sea suficiente la mera referencia formal, de manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su decisión (aplica dictámenes N°s. 91.219, de 2014, y 1.342, de 2015).En este orden de ideas, los dictámenes N°s 499, de 2012, y 4.567, de 2015, han precisado que la exigencia de fundamentación de los actos administrativos se vincula con el recto ejercicio de las potestades otorgadas a la Administración activa, toda vez que permite cautelar que éstas se ejerzan de acuerdo a los principios de juridicidad -el que lleva implícito el de racionalidad-, evitando todo abuso o exceso, de acuerdo con los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2° de la ley N° 18.575 -Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, y de igualdad y no discriminación arbitraria -contenido en el artículo 19, N° 2, de la Carta Fundamental- como, asimismo, velar porque tales facultades se ejerzan en concordancia con el objetivo considerado por el ordenamiento jurídico al conferirlas.Por consiguiente, el decreto alcaldicio mediante el cual la autoridad ponga término anticipado a una contrata, debe necesariamente ser un acto administrativo fundado, pudiendo, en caso contrario, ser tachado de arbitrario y por ende, ilegítimo.Pues bien, en la situación en estudio, se advierte que el decreto N° 3.302, de 2015, por el cual se puso término anticipado a la contratación de la peticionaria, no expresa los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta en la decisión contenida en dicho acto, no satisfaciendo la exigencia de que se trata, por cuanto no indica los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, limitándose a citar en sus vistos el decreto que prorrogó la designación de la exfuncionaria.No obstante, del análisis del informe expedido por el municipio de Recoleta, es posible observar que dicha entidad edilicia fundamentó la desvinculación de la recurrente en una optimización de recursos de personal, agregando que no reemplazó a la exfuncionaria mediante una nueva contratación, sino que su cargo fue provisto de forma interna, realizando sus funciones la servidora que indica.De este modo, atendido que en el informe remitido a este Órgano de Control el municipio expuso los motivos de hecho por los que decidió desvincular anticipadamente a la peticionaria, y que estos resultan atendibles, por esta vez, no se objetará el precitado decreto N° 3.302, de 2015, debiendo manifestarse que, en lo sucesivo, la Municipalidad de Recoleta tendrá que dictar actos administrativos fundamentados, en los que deberá incorporar las razones que den lugar a una determinada decisión.Siendo así, y teniendo en consideración que la prórroga de la designación de la recurrente fue dispuesta incorporando la citada fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", la autoridad edilicia estaba facultada para ponerle término antes del 31 de diciembre de 2015, como efectivamente ocurrió a contar del 24 de octubre de igual año, decisión que se le notificó personalmente el 22 de este último mes y año, por lo que se desestima la presentación de la requirente.Luego, en lo que concierne al acoso laboral alegado, es dable señalar que este Organismo Contralor ha manifestado en el dictamen N° 2.292, de 2014, entre otros, que dicha materia debe ser analizada en las instancias judiciales pertinentes o en un proceso sumaria! ordenado por el alcalde, que determine las eventuales infracciones administrativas, ya que corresponde a la autoridad edilicia, en virtud de la potestad disciplinaria en ella radicada, evaluar el inicio de una investigación de los hechos expuestos.No obstante, cumple con señalar que, la recurrente no ha acompañado antecedentes suficientes que resulten indicativos de la existencia de hechos constitutivos de hostigamiento laboral en su contra, motivo por el cual se desestima su reclamo.

Transcríbase a la recurrente; a todas las Contralorías Regionales; a las divisiones de Personal de la Administración del Estado y Jurídica, y a la Unidad de Validación y Registro de la División de Municipalidades, todas de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.


Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República