No requerimiento de muestras a insumos ya examinados

N° 37.562 Fecha:14-VI-2011

Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 6, 2011, que aprueba las bases de licitación pública para la adquisición, por sistema de suministro, de insumos para cirugía de by pass laparoscópico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por cuanto no se ajusta a derecho.

En efecto, cabe señalar que el artículo 6° del documento en examen, establece un cronograma y plazos de licitación que no se ajustan a lo prescrito por el artículo 22, N° 3, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, toda vez que se ha omitido consignar la duración del plazo de publicación de las respuestas, dispone un término menor al establecido en dicho reglamento para la recepción de las ofertas y existe discrepancia entre el plazo indicado para la suscripción del contrato y el señalado respecto del mismo evento en el artículo 28° de las bases.

En el mismo orden de ideas, el artículo 10° hace alusión al vencimiento del término para comunicar las respuestas a las aclaraciones a las bases, el cual de acuerdo a lo señalado precedentemente, no se ha fijado.

Además de lo anterior, en el artículo 13°, se establece el requisito obligatorio de la presentación de muestras por parte de los oferentes que no cuenten con "experiencia calificada previa" por parte del hospital de los insumos objeto de esta licitación. Sin embargo, no existe definición alguna respecto de este concepto, es decir, qué significa esta experiencia, cómo y quién la acredita y cuál será el medio de comunicación del hospital a los oferentes que tengan esa calidad, para tener por cumplida esta obligación.

Por otra parte, en el artículo 15°, al indicarse las causales de exclusión o eliminación de las propuestas, no se contempla la no presentación de la oferta técnica ni la económica, elementos esenciales de un proceso de licitación pública, ya que de no contarse con ellos, de ninguna manera podría adjudicarse la adquisición de los bienes requeridos.

Respecto del artículo 26°, que dispone el requisito de encontrarse el adjudicatario inscrito en el Registro de Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública dentro del plazo de 15 días hábiles, corresponde observar que este término no tiene consignado su inicio, no ajustándose además, al calendario de licitación del artículo 6° ni al artículo 28°, en cuanto a los plazos establecidos para la suscripción del contrato. Asimismo en este artículo, se hace referencia a la documentación señalada en las letras b) y c), siendo que en él sólo se incluyen las letras a) y b).

Enseguida, cabe hacer notar que no se ha señalado en el artículo 27°, respecto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que este instrumento debe tener carácter de irrevocable, tal como lo establece el artículo 68 del reglamento de la ley N° 19.886.

También se requiere aclarar que el contrato que se suscribirá es de suministro de bienes y no como señalan los artículos 28° y 30°, en cuanto sería un contrato de prestación de servicios.

Asimismo, en relación a las multas definidas en el artículo 36°, apartado I, letra a), multas por atraso, existe la sanción de aplicar un equivalente al 5% del valor de los productos por cada día de atraso respecto de los plazos establecidos en el contrato y la misma por cada evento de atraso, lo que deriva en una doble penalidad por un mismo hecho. Igualmente, en la letra b), en cuanto a la multa por falta de disponibilidad de los productos, se hace remisión al artículo 37°, en cuanto sería una de las causales de término anticipado del contrato que dicho artículo establece, pero no ha sido enunciada como una de ellas en esta disposición.

Complementando lo anterior, el mencionado artículo 37°, en su letra f), establece como causal de término anticipado del contrato, el incumplimiento reiterado del proveedor de las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores, definiendo incluso qué se entiende por éste, no obstante lo cual el artículo 35°, al mencionarlo como sanción, no señala que este incumplimiento deba ser reiterado.

En otro orden de ideas, para cumplir lo señalado en el artículo 4°, inciso segundo, de la ley N° 19.886, en las condiciones de pago establecidas en el artículo 40°, se debe consignar expresamente que en el evento de que el contratante registre saldos insolutos relativos a remuneraciones o cotizaciones de seguridad social respecto de sus trabajadores, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. Todo esto debe estar en concordancia con lo establecido en el artículo 35° de la resolución en análisis en cuanto a la documentación requerida para comprobar dicha situación.

Por otra parte, no se ha acreditado la personería del director general de ese hospital para representar a la Universidad de Chile.

Por último, se debe hacer presente que los artículos 3°, 13°, 22° y 36° registran errores formales que deben ser subsanados.

Atendido lo expuesto, se representa el instrumento señalado.

Osvaldo Vargas Zincke
Contralor General de la República
Subrogante 

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