Quórum y fuero

N° 14.958 Fecha: 23-II-2015


Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Zaida Santibáñez Salvo, quien, atendido que la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó, por razones formales, un recurso de protección que interpusiera en contra de la Municipalidad de San Ramón, reitera las reclamaciones que formulara con anterioridad ante este Organismo Fiscalizador, mediante las cuales denunciara supuestos actos de hostigamiento, denostación y persecución laboral que habría sufrido con ocasión de la constitución de una asociación de funcionarios -de la que fue electa presidenta-, y que culminaron con el término de su relación contractual a través del decreto N° 1.245, de 2014, de dicha entidad edilicia, por aplicación de la causal preceptuada en el artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio.
Requerido su informe al municipio, este no ha sido emitido dentro del plazo establecido para ello, por lo que se atenderá la consulta con prescindencia del mismo.
Por su parte, mediante oficio ordinario N° 4.913, de 2014, a solicitud de este Organismo de Control, el Director del Trabajo proporcionó un informe fundado sobre la materia, en el que, entre otras consideraciones, señala que, a la data de emisión de su reporte, la Asociación de Funcionarios No Docentes “Nuevo San Ramón” se encuentra activa, siendo su presidente la recurrente, señora Zaida Santibáñez Salvo; agrega que, sin perjuicio de ello, la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur formuló objeciones a su constitución por falta de quórum, por lo cual la interesada dispone de un plazo de 60 días, contado desde la notificación de estas -que venció el 5 de diciembre de 2014-, para reclamar en el juzgado de letras del trabajo correspondiente, y que de no efectuarlo, la personalidad jurídica de la comentada organización caducará por el solo ministerio de la ley.
Sobre el particular, como cuestión previa, es pertinente indicar que las presentaciones anteriores formuladas por la requirente, fueron atendidas mediante el dictamen N° 80.973, de 17 de octubre de 2014, señalando este Ente Fiscalizador que debía abstenerse de emitir el pronunciamiento solicitado, por cuanto en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, no le corresponde informar ni intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, lo que ocurría en la situación planteada en la especie, puesto que respecto a la materia se había interpuesto una acción ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, en causa rol N° 292-2014, la que se encontraba, a esa fecha, en tramitación.
Enseguida, consta de la documentación proporcionada por la señora Santibáñez Salvo, que mediante sentencia de fecha 14 de octubre de 2014, el aludido tribunal concluyó que “la acción interpuesta no es la vía adecuada para resolver la controversia planteada”, razón por la cual, no habiendo emitido un pronunciamiento en relación con el fondo del asunto, procede que esta Contraloría General examine las alegaciones formuladas por la interesada, en particular, en lo relativo al supuesto hostigamiento y persecución denunciadas y en cuanto a si, eventualmente, se encuentra favorecida por el fuero regulado en el artículo 25 de la ley N° 19.296, que Establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 60.699, de 2008, y 2.531, de 2013).
Establecido lo anterior, cabe consignar que, conforme lo manifestado, entre otros, en el dictamen N° 56.361, de 2014, los actos de acoso laboral deben ser analizados en las instancias judiciales pertinentes o mediante la instrucción de un proceso sumarial, con el propósito de determinar si se derivan infracciones administrativas, razón por la cual corresponde a la autoridad edilicia, en virtud de la potestad sancionadora en ella radicada, evaluar la iniciación de un procedimiento disciplinario para investigar los hechos expuestos.
Ahora bien, según expresara el municipio en su oficio ordinario N° 317, de 2014, a través del cual informara en relación con las presentaciones anteriores de la interesada, es posible advertir que el ente comunal ponderó las circunstancias señaladas por la recurrente, estimando que las situaciones que detalla no son constitutivas de acoso laboral, decisión que no merece observaciones por parte de este Órgano de Control, al no acreditarse el referido hostigamiento, motivo por el que se desestima el reclamo planteado en la materia.
En un segundo orden de consideraciones, es útil señalar que según lo informado por la Dirección del Trabajo, el día 29 de julio de 2014 se constituyó la Asociación de Funcionarios No Docentes “Nuevo San Ramón”, conformándose la mesa directiva con doña Zaida Santibáñez Salvo como presidenta y procediéndose a efectuar el 12 de agosto del mismo año el depósito del acta constitutiva, nómina de socios y documentación que acredita la calidad de empleados de la municipalidad; en tanto que, el 6 de octubre de la referida anualidad, fueron notificadas las observaciones formuladas por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur respecto a que no cumplía con el quórum mínimo exigido por la ley.
Por su parte, de la documentación tenida a la vista y datos consignados en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado que mantiene este Ente Fiscalizador, se verifica que por decreto N° 438, de 20 de marzo de 2014, se aprueba la modificación del contrato de trabajo de la recurrente, estipulándose como de término indefinido; por decreto N° 1.245, de 23 de junio de 2014, se dispone la terminación de la relación laboral a contar del 25 de julio del mismo año por la causal del artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo; mediante comunicación suscrita por el secretario de la entidad edilicia, se informa a la requirente de dicha determinación, la que es remitida por carta certificada ingresada en la empresa de correos el 13 de agosto de 2014. Finalmente, por decreto N° 1.436, de 29 de julio de 2014, se designa a la interesada a plazo fijo, hasta el 31 del mes siguiente, en un cargo regido por la ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, el cual no existe constancia que hubiera asumido.
En dicho contexto, es pertinente indicar que el artículo 11 de la ley N° 19.296, previene que desde el momento en que se realice la asamblea constitutiva -lo que en el caso en comento acaeció el 12 de agosto de 2014-, los miembros de la directiva de una asociación de funcionarios gozarán del fuero a que se refiere el artículo 25 de este cuerpo normativo, disposición de acuerdo con la cual, cuentan con inamovilidad en sus cargos a partir de la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber concluido su mandato como tales, prerrogativa que cesará si no se efectúa el depósito del acta correspondiente dentro del plazo establecido en el artículo 9 del mismo texto legal.
Luego, no existiendo constancia de que con anterioridad a la asamblea constitutiva se comunicara a la señora Santibáñez Salvo el término de sus servicios, notificación que, conforme lo señalado, entre otros, en el dictamen N° 94.187, de 2014, se entiende practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción -13 de agosto de 2014- en la oficina de correos que corresponda, esto es, la del domicilio del funcionario, cabe concluir, en armonía con lo manifestado en el dictamen N° 25.944, de 1995, que asiste a la interesada el fuero otorgado por el aludido artículo 25 de la ley N° 19.296.
En cuanto a la extensión de este beneficio, es pertinente indicar que, en conformidad con el inciso cuarto del artículo 10 de la ley N° 19.296, las observaciones que detecte la Inspección del Trabajo en la constitución de una asociación de funcionarios, son formuladas bajo el apercibimiento de la caducidad de su personalidad jurídica si no son subsanadas dentro del plazo de sesenta días contado desde su notificación, o, en el mismo término, reclamadas ante el tribunal competente.
A continuación, es menester anotar que, acorde con el ya citado artículo 25, el fuero no subsistirá cuando la cesación en el cargo se hubiere producido por censura de la asamblea de la asociación o en virtud de la medida disciplinaria de destitución, ratificada por la Contraloría General de la República, ni en caso de disolución de la entidad, si ésta derivare de la aplicación de las letras c) y e) del artículo 61, o de las causales previstas en los estatutos, siempre que, en esta última situación, importaren culpa o dolo de los directores, excepciones que no concurren en las circunstancias analizadas.
En tales circunstancias, no verificándose que la interesada hubiere deducido reclamación ante el juzgado competente en la forma establecida por la ley, se encuentra amparada por el fuero otorgado por el artículo 25 de la ley N° 19.296, por el término de seis meses a contar de la data de vencimiento del plazo para subsanar las observaciones formuladas por la Inspección del Trabajo o concurrir al tribunal, esto es, desde el 5 de diciembre de 2014 y hasta el 5 de junio de 2015.
Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, cabe manifestar que la Municipalidad de San Ramón deberá disponer la reincorporación de la interesada a su empleo, procediendo, además, que se le paguen las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual hubiere permanecido indebidamente separada de su cargo, de lo que informará a este Organismo Contralor en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio.
Compleméntese, en los términos señalados en el presente pronunciamiento, el dictamen N° 25.944, de 1995.
Transcríbase a la interesada, a la Dirección del Trabajo, y a la Subdivisión de Auditoría e Inspección y la Unidad de Seguimiento, ambas de la División de Municipalidades de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.,

Patricia Arriagada Villouta
Contralor General de la República 
Subrogante