Aplicación Supletoria de la Ley 19.880




N° 65.120 Fecha: 02-XI-2010

Se ha dirigido a esta Contraloría General doña Sandra Aburto Coronado, funcionaria de la Tesorería General de la República, consultando si procede que el inculpado en un sumario administrativo regido por la ley N° 18.834, presencie junto a su abogado, las declaraciones de testigos rendidas en el término probatorio del procedimiento.

Sobre el particular, cabe señalar, que pese a que las disposiciones de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo no regulan dicha intervención, aquello no es óbice para permitirla, por las razones que se expresarán.

En primer lugar, en armonía con el artículo 6° de la Constitución Política de la República, que consagra el principio de supremacía constitucional, y lo indicado por los dictámenes N°s. 28.226, de 2007 y 62.188, de 2009, ambos de esta Contraloría General, las normas de derecho público referidas a derechos, libertades o garantías de las personas, o que limiten las potestades estatales, deben ser interpretadas extensivamente, razón por la cual, cabe concluir que en la instrucción de los procedimientos aludidos rige plenamente la garantía del debido proceso contenida en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, del texto constitucional, que exige al legislador “establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

Dicha conclusión, por lo demás, ha sido sostenida por una reiterada jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, manifestada, entre otros, en los dictámenes N°s. 15.643, de 2007 y 9.499, de 2009.

Luego, es útil acotar que el mandato aludido es impuesto directamente a la autoridad administrativa en el artículo 18, inciso segundo, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al establecer que la administración deberá ejercer la potestad disciplinaria asegurando el derecho a un racional y justo procedimiento.

Ahora bien, es menester hacer presente que las exigencias de racionalidad y justicia que tanto la Constitución Política de la República como la aludida ley N° 18.575 efectúan, suponen que en el desarrollo de los procedimientos tendientes a determinar la concurrencia de responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, se aseguren las condiciones para que el inculpado pueda desplegar una debida defensa en relación a las actuaciones que se verifiquen, lo que implica garantizar su acceso -personal o por medio de su representante- a las pruebas que se rindan.

En este contexto, una de las formas de materialización del derecho a la defensa es la existencia del principio de contradictoriedad en el marco del procedimiento administrativo, que se encuentra regulado en el artículo 10 de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

La disposición precitada señala, en sus incisos primero, tercero y cuarto, respectivamente, que en cualquier momento del procedimiento los interesados podrán aducir alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio, que podrán actuar asistidos de su asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses, y que el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto de este principio, prerrogativas reiteradas en el artículo 17, letra f), de la ley precitada, que regula los derechos de las personas en sus relaciones con la administración.

A su vez, con el objeto de cautelar los derechos mencionados, el artículo 36 de la ley N° 19.880, señala que la administración comunicará a los interesados con la suficiente antelación el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas, consignando en la notificación el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba.

Efectuadas dichas apreciaciones, y teniendo en cuenta que los artículos recién citados -según lo dispone el artículo 1°, inciso primero, de la referida ley N° 19.880, y como lo señalaran los dictámenes N°s 20.119, de 2006 y 39.348, de 2007, de este Órgano Contralor-, se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos especiales contenidos en leyes, en aquellas materias en las cuales no se ha previsto regulación específica -como sucede en relación al tema consultado, con el Estatuto Administrativo-, es dable mencionar que el cumplimiento eficaz del contradictorio en el probatorio dependerá, entre otras medidas, de que el inculpado pueda presenciar la producción de la prueba en el proceso, lo que dada la naturaleza de las declaraciones de testigos, requiere de su observación en el momento en que estas se presten.

Sostener lo contrario, impediría, de igual forma, el uso eficaz de los medios impugnatorios establecidos en el artículo 141, del referido cuerpo estatutario, ya que la fundamentación de los recursos allí regulados implicará, usualmente, razonar sobre las probanzas rendidas.

Así, en virtud de las consideraciones expuestas, cumple esta Contraloría General con indicar que el inculpado en un sumario administrativo regido por el Estatuto Administrativo tiene derecho a presenciar, asistido por su abogado, las declaraciones de testigos verificadas en el término probatorio del proceso.

Al respecto, es necesario aclarar que lo concluido resulta aplicable -en el caso de la prueba testimonial- desde el inicio de aquella etapa procesal, lo que según el artículo 138 del Estatuto aludido y lo señalado en el dictamen N° 55.290, de 2006, de este Órgano Fiscalizador, ocurre desde la notificación de la resolución del fiscal instructor que fija el término probatorio, sin perjuicio de la posibilidad de que el inculpado presente otras probanzas una vez notificado de los cargos formulados, tal como lo dispone el precepto citado.

Lo anterior, toda vez que según el inciso segundo del artículo 137, de ese texto legal -norma estatutaria que se encuentra vigente en conformidad con la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, tal como lo precisara el dictamen N° 48.302, de 2007, de este Órgano Contralor-, el sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa, sin perjuicio de que una vez totalmente tramitado, está sometido plenamente al principio de publicidad.

Reconsidérese toda jurisprudencia contraria a las conclusiones expresadas en el presente oficio.


Ramiro Mendoza Zúñiga
Contralor General de la República