Invalidación sin audiencia


 Dictamen N° 19.553 Fecha: 30-V-2017
Luego, procede señalar que la audiencia previa a la que alude el citado artículo 53 resulta necesaria en los casos en que la Administración de oficio, o a solicitud de un interesado distinto del destinatario final, decide invalidar alguno de sus actos, toda vez que debe conocer la opinión que al respecto tienen las personas a quienes les podría afectar tal determinación, lo que no resulta necesario si de los antecedentes que acompaña quien solicita la invalidación se desprende que no existe mérito para ello (aplica dictamen N° 84.682, de 2016).



ley 19880 art/53 inc/1

MATERIA

El procedimiento que indica seguido por el SAG se ajustó a derecho. Se remiten los antecedentes aportados por el requirente a la División de Auditoría Administrativa para los fines pertinentes.

DOCUMENTO COMPLETO





N° 84.682 Fecha: 23-XI-2016
Se ha dirigido nuevamente a esta Contraloría General don Ulises Bertoglio Cruzat, formulando diversas observaciones en relación con el proceso administrativo causa rol N° 60-2002 X R, sustanciado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que determinó que el recurrente no cumplió con el plan de manejo presentado en el marco del Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados que regula el decreto con fuerza de ley N° 235, de 1999, del Ministerio de Agricultura.
Al respecto cabe consignar que este Órgano de Control se ha pronunciado sobre el particular mediante los dictámenes N°s. 54.853, de 2011; 79.656, de 2013; 9.692 y 77.142, ambos de 2014, 70.794, de 2015 y 36.470, de 2016, concluyéndose en todos ellos que dicho procedimiento se ajustó a derecho, al habérsele procurado al ocurrente todas las instancias legales para formular sus descargos, los cuales fueron considerados y atendidos.
En esta oportunidad, el solicitante alega que la referida conclusión es errónea, pues en la substanciación del citado procedimiento no se dio cumplimiento al artículo 53 de la ley N° 19.880, ya que se le negó la audiencia previa contemplada en dicha norma, respecto de la resolución exenta de invalidación N° 1.597, de 2008.
Asimismo indica que, los dictámenes ya enunciados han omitido pronunciarse respecto del informe evacuado por el señor Omar Nail Ruiz a requerimiento de esta Contraloría General, en el que manifiesta que no conoce ni ha estado en el predio que dio origen a la causa rol N° 60-2002 X R, lo que a su juicio implica que en su calidad de ministro de fe de dicho proceso sancionatorio nada comprobó, y por lo tanto, acarrea la nulidad del mismo.
Por último, agrega que en el citado dictamen N° 77.142, de 2014, se estimó pertinente remitir copia de los antecedentes que adjuntó el peticionario a la División de Auditoría Administrativa, para los fines que fueran procedentes, no obstante hasta la fecha desconoce el resultado de la revisión de tales documentos. Añade que, dicha división no ha tenido a la vista sus presentaciones posteriores, de 2 de diciembre de 2014, 22 de diciembre de 2015 y 11 de marzo de 2016, las cuales acompaña en esta oportunidad a fin de que sean enviadas para complementar las anteriores.
Ahora bien, en cuanto al primer punto esgrimido por el interesado, cabe señalar que el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 19.880, preceptúa que “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto”.
En este sentido, es menester recordar que la aludida resolución exenta N° 1.597, de 2008, del SAG, que dejó sin efecto la multa fijada con anterioridad al interesado, fue un acto motivado por el mismo mediante una presentación interpuesta ante ese organismo, a través de la cual pudo formular todos sus descargos y acompañar los antecedentes que estimó apropiados al efecto.
En este contexto, la referida audiencia previa a la que alude el citado artículo 53 resulta necesaria en los casos en que la Administración de oficio, o a solicitud de un interesado distinto del destinatario final, decide invalidar alguno de sus actos, toda vez que debe conocer la opinión que al respecto tienen las personas a quienes les podría afectar tal determinación, lo que no se dio en este caso, ya que fue el propio señor Bertoglio el que motivó dicha medida.
Por su parte, en cuanto al informe evacuado por el señor Omar Nail Ruiz, cabe recordar que corresponde a la Administración activa dentro del ámbito de sus atribuciones determinar el cumplimiento del plan de manejo de que se trata, lo que en este caso se realizó teniendo a la vista una serie de documentos y pruebas, las que fueron valoradas por el SAG, sin que la declaración del aludido ministro de fe resultara ser el único medio para llegar a dicha conclusión.
En atención a tales consideraciones, esta Contraloría General reafirma lo señalado en los anotados dictámenes que se han pronunciado sobre el procedimiento seguido por el SAG en contra del recurrente, en cuanto a que no se advierte alguna infracción al debido proceso, a la normativa legal o reglamentaria que regula la materia ni se observa una decisión arbitraria.
Finalmente, respecto de los antecedentes nuevos a que alude el recurrente, estos serán enviados a la División de Auditoría Administrativa para los fines que sean procedentes. No obstante es menester añadir que de conformidad con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 99.651, de 2015, de este origen, este Ente Contralor normalmente ejerce sus tareas de auditoría conforme a planes y programas previamente elaborados, que abarcan las materias más relevantes en un estricto orden de prioridades, correspondiéndole a dicha división ponderar si los antecedentes con los que cuenta justifican el desarrollo de una labor de control externo ajena a su programación.
Transcríbase al Servicio Agrícola y Ganadero.
Saluda atentamente a Ud.,
Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República